Las autoridades de Panamá y Costa Rica avanzan en la implementación de un protocolo para facilitar la migración inversa de personas que, tras no lograr ingresar a Estados Unidos, buscan regresar a sus países de origen.
Este fenómeno, impulsado por el endurecimiento de las políticas migratorias en la frontera estadounidense, ha provocado un aumento en el número de migrantes varados en Centroamérica. Actualmente, se ha informado que en la frontera con Costa Rica hay al menos 200 migrantes.
El plan en desarrollo entre ambos países contempla la identificación y registro de estas personas en centros de atención temporal, así como la coordinación de su traslado por vías seguras hacia Colombia, Ecuador o Venezuela.
El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, subrayó que hay un cambio en la dinámica migratoria de la región, con un creciente flujo de personas que buscan regresar a sus países de origen desde Estados Unidos. Como se recordará, la política migratoria de la administración de Donald Trump ha endurecido las condiciones para los migrantes, lo que ha originado este fenómeno de migración inversa, particularmente hacia Costa Rica y Panamá.
SENAFRONT restablece el orden público en la frontera tico-panameña y retorna caravana de migrantes. pic.twitter.com/BA5DtTmlcA
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Aunque el flujo migratorio desde Sudamérica hacia el norte aún persiste, la cantidad de personas intentando regresar ha aumentado considerablemente. En los últimos días, la llegada de migrantes a la frontera entre Costa Rica y Panamá ha oscilado entre 50 y 100 personas diarias, en contraste con las cifras más reducidas de semanas anteriores.
La estrategia
El modelo propuesto se asemeja al procedimiento que Panamá ya aplica con los migrantes irregulares que cruzan la selva del Darién. En este esquema, las personas son trasladadas a Metetí, Darién, un punto de recepción en Panamá, y luego son llevadas a la frontera con Costa Rica. Ahora, con el flujo en sentido inverso, el gobierno panameño plantea un sistema similar para el retorno de migrantes, pero con la diferencia de que se busca evitar el tránsito por la selva.
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Para ello, las autoridades panameñas han considerado el uso de transporte aéreo o marítimo en colaboración con aliados estratégicos. El objetivo es reducir los riesgos asociados con el viaje terrestre y agilizar el proceso de retorno. Sin embargo, este plan aún está en fase de negociación y requiere el compromiso de los países de origen para garantizar la recepción de sus ciudadanos.
Actualmente, Panamá cuenta con acuerdos migratorios con Colombia y Ecuador, lo que facilita la repatriación de ciudadanos de estos países. No obstante, la situación con Venezuela es más complicada, ya que no existen relaciones diplomáticas directas con su gobierno.
Según Ábrego, la Cancillería panameña ha iniciado gestiones para buscar alternativas y establecer contactos que permitan el retorno de ciudadanos venezolanos, ya sea de manera directa o a través de terceros países.
Costa Rica
Mientras se concretan estos acuerdos, las personas en tránsito deben presentarse en el Centro de Atención Temporal a Migrantes (CATEM) en Costa Rica, donde se les realizará un registro y un control biométrico. Este proceso tiene el objetivo de verificar su identidad y descartar cualquier alerta de seguridad internacional antes de que puedan continuar su viaje hacia Panamá.
El plan contempla la movilización de los migrantes desde el CATEM hasta Metetí y otros puntos designados en Panamá, como los Planes de Gualaca. En un inicio, los traslados terrestres seguirán siendo costeados por los propios migrantes, mientras que las autoridades panameñas negocian la financiación de vuelos y traslados marítimos para facilitar el proceso de repatriación.
En cuanto a la infraestructura de acogida, los migrantes que esperan su retorno permanecerán en centros de atención en Panamá, como los ubicados en San Vicente y Lajas Blancas, en Darién. Estos espacios cuentan con alimentación, servicios básicos y atención médica, lo que garantiza condiciones adecuadas para su estadía mientras se organizan los traslados.
