En medio de la polémica relacionada con la entrega de los auxilios económicos por parte del Instituto Nacional para la Formación y el Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), hay una entidad que está bajo la lupa de la opinión pública: la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).
Este medio consultó a la Antai con el objetivo de averiguar si ha realizado alguna acción reciente respecto a la controvertida entrega de auxilios económicos. Sin embargo, la entidad respondió que emitió la Resolución No. ANTAI-AL-037-2023, de 3 de febrero de 2023, la cual en síntesis dispuso: que toda la información con relación al uso y disposición de fondos del Estado es información de carácter pública y por tanto el Ifarhu se encuentra en la obligación de brindar información respecto al funcionamiento y desarrollo de actividades que desarrolla, así como toda la información en relación a los programas ejecutados. La Antai no respondió si ha hecho alguna gestión adicional para lograr que el Ifarhu cumpla con la Ley de Transparencia,
De momento, el Ifarhu ha ignorado las advertencias sobre la obligación que tiene de brindar toda la información sobre el funcionamiento y los beneficiarios de los programas de asistencia educativa, incluyendo el de los auxilios no reembolsables.
¿Y la Contraloría?
Según la Antai, mediante la Resolución de 27 de octubre de 2022, dispuso solicitar a la Contraloría General de la República la realización de una auditoría al Ifarhu, específicamente al Programa de Auxilios Económicos, ya que carecen de competencia para ello.
A raíz de eso, informaron que a través de la No. ANTAI-OAL-468-2023, del 23 de noviembre de 2023, Antai solicitó a la Contraloría que les informara el estado de la auditoría solicitada, a lo que la entidad fiscalizadora les respondió este año que la “denuncia se encuentra en trámite en la Dirección Nacional de Participación Ciudadana”, la cual tiene la función de gestionar las denuncias ciudadanas sobre supuestas irregularidades en el manejo y uso de los fondos y bienes públicos.
Todo indica que la Contraloría actuará igual que el Ifarhu en este tema, ya que el pasado viernes 12 de abril, el contralor Gerardo Solís anunció su responsabilidad por la decisión de no hacer públicos los nombres de los beneficiarios de los auxilios económicos en el sitio web de la entidad.
Según él, esta decisión se basa en varios fallos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), incluyendo uno del 13 de marzo de 2019, que otorgaría al contralor la “facultad discrecional” de declarar como reservada aquella información que considere confidencial.
Como se recordará, el 3 de febrero de 2023, la directora de Antai, Elsa Fernández, ordenó al Ifarhu derogar la Resolución 320-2021-522 del 3 de agosto de 2021, por medio de la cual dicha entidad declaró como “datos confidenciales” las resoluciones, las actas y toda información sobre el otorgamiento de beneficios económicos.
