Etelvina Medianero de Bonagas dio un giro a su posición y ahora se aferra al cargo de rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), pese a haber comunicado previamente su renuncia al Ministerio de Educación (Meduca) el pasado 11 de mayo.
A su alrededor, el Consejo General Universitario de la Unachi —dominado en gran parte por figuras cercanas a su círculo de poder y beneficiadas por la estructura administrativa de la universidad— también cerró filas para sostenerla en el puesto, en una muestra de resistencia frente al anuncio oficial del Meduca sobre su salida.
Precisamente, fue este organismo universitario el que se reunió ayer miércoles y aprobó, con 29 votos a favor, 12 abstenciones y tres en contra, una propuesta para que la rectora continúe en su cargo. La decisión desafía la posición de la ministra de Educación, Lucy Molinar, quien informó al organismo que la rectora presentó su carta de renuncia el pasado 11 de mayo, con efecto a partir del 11 de junio.
Pero ¿quiénes integran este círculo de allegados a Medianero de Bonagas y por qué existe tanta resistencia a que abandone el cargo? El Consejo General Universitario es considerado el máximo órgano de gobierno de la universidad y sus funciones están establecidas en la Ley Orgánica de la Unachi, contenida en la Ley 4 de 2006, así como en el Estatuto Universitario. Este organismo tiene carácter tripartito y reúne a representantes de los distintos sectores que conforman la vida universitaria.
Está integrado por las autoridades universitarias, entre ellas la rectora —quien lo preside—, los vicerrectores, el secretario general y los decanos de las distintas facultades. También forman parte representantes de los profesores elegidos por sus pares, delegados estudiantiles y miembros del personal administrativo, quienes participan en las decisiones relacionadas con el funcionamiento académico y administrativo de la institución.
Dentro de ese grupo destacan altos funcionarios cuyos ingresos, entre salarios y sobresueldos, superan los 10 mil dólares mensuales. Entre ellos figuran Katherine González, decana de la Facultad de Arquitectura; Rodrigo Serrano, decano de la Facultad de Comunicación Social; Elmer Cerrud, decano de Enfermería; Eliseo Ríos, decano de Ciencias de la Educación; Ramón Rodríguez, decano de Economía; Esther Vega de Donald, decana de Administración Pública; y Roosevelt Cabrera, decano de Derecho y Ciencias Políticas.
También aparecen Marais Birmingham, directora del Centro Regional Universitario de Tierras Altas; Luis Miranda, director del Centro Regional Universitario de Chiriquí Oriente; Pedro Caballero, decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas; Elena Rodríguez, directora del Centro Regional Universitario de Barú; Marieth Silva, decana de Humanidades; Alcibiades Batista, decano de Medicina; y Kilmara Castellón, decana de Administración de Empresas y Contabilidad.
Todos forman parte de la estructura administrativa alineada con la rectora y, según registros salariales de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), cada uno devenga un salario mensual de 7,296.68 dólares, además de 2,726.74 dólares en gastos de representación.
A eso de las 9 a.m. inicia el consejo académico de UNACHI, con la rectora Etelvina de Bonagas presente.
— La Prensa Panamá (@prensacom) May 27, 2026
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La polémica sesión
Durante la sesión de este miércoles también se produjeron intervenciones marcadas por la tensión. “Si este audio llega a salir de aquí, lo expulsamos”, advirtió uno de los decanos a un estudiante, mientras otra autoridad allegada a la rectora cuestionó la actuación del presidente de la República, José Raúl Mulino.
“Es la primera vez que vemos a un presidente actuando de esa manera. Si no defendemos la autonomía, se van a tomar la universidad”, expresó durante la reunión.
“Hay una dictadura civil en Panamá y el Gobierno tiene baja aceptación”, dijo otra autoridad, en referencia a la administración de Mulino.
Concluida la votación, la polémica rectora aseguró que permanecería en el cargo. “Nos vamos a quedar en la rectoría. He dado mi vida por esta universidad; he estado 48 años aquí y no puedo dejar esta universidad al libre albedrío”, manifestó.
También agregó: “Yo acepto el mandato del máximo órgano de gobierno, que es el Consejo General Universitario, y en su mayoría aceptan que me quede en el puesto porque yo gané democráticamente estas elecciones”.
Las declaraciones de Medianero de Bonagas se producen mientras la Contraloría General de la República de Panamá y el Ministerio Público mantienen investigaciones sobre la gestión administrativa de la universidad. Frente a esos cuestionamientos, la rectora aseguró que la institución mantiene abiertas sus puertas para las auditorías e inspecciones oficiales. “Estamos abiertos; si algo tenemos aquí en la Unachi es que abrimos las puertas para todos. Mi conciencia está tranquila. Lo único que puedo decir es que no hemos tomado un centavo de esta universidad”, sostuvo.
A esto se suma que Alexis Rivera, miembro del Consejo General Universitario y cercano a la rectora, difundió un comunicado en el que cuestiona una publicación del diario La Prensa y acusa al medio de tergiversar la posición asumida por algunos integrantes del organismo durante la sesión extraordinaria celebrada en la universidad.
En el documento, Rivera sostiene que la publicación afecta su dignidad y el respeto institucional, al tiempo que invoca la legislación panameña sobre protección de datos personales para exigir una rectificación inmediata. El pronunciamiento surge luego de la divulgación de audios, imágenes y detalles de las discusiones internas del Consejo, en medio del enfrentamiento político y administrativo generado por la permanencia de Medianero de Bonagas en el cargo.
El rechazo
El abogado y docente universitario Abel Bultrón cuestionó duramente la actuación del Consejo General Universitario. “Aquí no solamente el aspecto es técnico o jurídico. Esto que ha sucedido en la universidad es un acto vergonzoso y bochornoso por parte de los representantes del Consejo General Universitario. No es posible que una renuncia presentada ante la ministra de Educación, firmada por la rectora, el Consejo quiera invalidarla”, expresó.
A juicio de Bultrón, el organismo universitario actuó fuera de las facultades que le otorga el Estatuto Universitario y terminó incurriendo en decisiones que podrían tener consecuencias legales.
“Eso está fuera de las facultades del Consejo. En esta decisión, el Consejo, además de demostrar su entreguismo y su falta de criterio, ha violentado el Estatuto Universitario”, sostuvo el jurista, quien calificó la resolución como “totalmente ilegal”.
Bultrón advirtió que, al desconocer la renuncia comunicada por el Ministerio de Educación, el Consejo estaría insinuando que la ministra Lucy Molinar mintió o que la firma de la rectora fue falsificada. “Si eso es así, que presenten las denuncias”, afirmó.
El docente también criticó el uso reiterado del concepto de autonomía universitaria como mecanismo de defensa política. “La principal autonomía que está violentada desde hace mucho tiempo es la autonomía del pensamiento y del libre criterio. Aquí no se piensa; aquí se tiran líneas”, sentenció.
