Entre 2020 y 2022, la Fiscalía General de Cuentas ha remitido 22 expedientes a la Contraloría General de la República para que realice auditorías sobre denuncias de supuestas irregularidades con fondos públicos en diferentes instituciones.
Así lo dio a conocer Waleska Hormechea, fiscal de Cuentas, quien señaló que todas las denuncias que llegan a esa entidad son enviadas a la Contraloría debido a que no tienen “facultad oficiosa” para hacer la investigación, y recordó que es a ese despacho al que por Constitución le corresponde fiscalizar los fondos públicos.
De hecho, entre estas solicitudes se encuentra la que presentó el abogado Ernesto Cedeño en julio pasado para que se auditen las planillas de la Asamblea Nacional, con el objeto de verificar si todas las personas nombradas o contratadas en la Asamblea ejecutan su labor diariamente o si por el contrario ha habido una “lesión patrimonial” al no cumplir sus funciones.
La funcionaria planteó a los diputados de la Comisión de Presupuesto, durante la sustentación de su presupuesto para 2023, que asciende a $7 millones 14 mil 91, que muchas de estas solicitudes no son respondidas por la Contraloría. De hecho, un documento de la fiscalía detalla, sin precisar los casos, que solo se han hecho dos auditorías: en la Lotería Nacional de Beneficencia y en el Ministerio de Desarrollo Social.
Reformas a la ley
Según la fiscal se requieren reformas a la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, mediante la cual se creó la Fiscalía. Los cambios a esta norma, a su juicio, deben ir dirigidos a la solicitud de auditorías y a la recuperación de bienes para el Estado.
A criterio de Hormechea, no todas las solicitudes de auditoría se deben llevar a la Contraloría, ya que muchas de ellas son “infundadas” y “esto hace un rezago en la Contraloría”.
Propone que antes de que alguna solicitud de auditoría llegue a la Contraloría, la Fiscalía de Cuentas pueda hacer “unas pesquisas preliminares y poder determinar dónde hay posibilidad de irregularidades”.
En algunos casos, contó, las solicitudes que ella envía a ese despacho no tienen respuesta de cuándo se ejecutarán, mientras que otros pueden coincidir con algún proceso que adelanta el Ministerio Público, por lo que esto agiliza el trámite.
Añadió que los cambios a la Ley 67 también deben dirigirse a que sea la jurisdicción de cuentas “la que se preocupe por sus resoluciones de cargo y la recuperación de este dinero”.
En la actualidad, esta tarea es competencia de la Dirección General de Ingresos (DGI), ente encargado de ejecutar las resoluciones del Tribunal de Cuentas para recuperar el dinero y bienes del Estado; pero según la fiscal la “DGI está enfocada en la recaudación de impuestos y no en la recuperación del dinero producto de las resoluciones del Tribunal de Cuentas”.
Aseguró que cerca de un millón de dólares dejó de tener el Estado debido a la prescripción de algunos casos y que algunos de estos datan de 1990. A raíz de esto, contó, comenzaron a trabajar de la mano con la DGI y añadió que la Fiscalía creó un “juzgado ejecutor especializado” para la recuperación de estos fondos públicos. En 2021, esta instancia recuperó $463 mil 78.79 y de enero a junio de 2022, la suma de $337 mil 393.46.
Hormechea presentó sus papeles para optar por la vacante que dejará el magistrado José Ayú Prado en la Corte Suprema de Justicia, el 31 de diciembre de este año. De hecho, está en la lista de 11 abogados que según una comisión evaluadora tienen mejor perfil para el puesto.
El presidente Laurentino Cortizo y su gabinete deben decidir quién reemplazará a Ayú Prado.
El magistrado presidente del Tribunal de Cuentas, Alberto Cigarruista, también ha dicho que se requieren reformas a la norma. Dijo que es un “error jurídico” que sea la DGI la encargada de recuperar los bienes. Indicó que el Tribunal de Cuentas tramita 217 procesos por fallar, que ascienden a un monto de $200.3 millones, en los cuales están involucradas 3 mil 528 personas.
