La situación legal de Saúl Méndez dio un giro inesperado tras su salida voluntaria de Bolivia. A pesar del asilo que le había otorgado el Consejo Nacional de Refugiados de ese país, el dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), se dirigió a Venezuela, según informaron fuentes judiciales a La Prensa.
¿Qué implicaciones podría tener su salida? ¿Cuál es su estatus actual? ¿Qué consecuencias podría generar la activación de una alerta roja de Interpol?
A esas preguntas trata de responder el catedrático de Relaciones Internacionales, Euclides Tapia, desde Montevideo, Uruguay, consultado por este medio.
Según explicó, la salida de Méndez de Bolivia, de forma voluntaria –como informó la representación diplomática de dicho Estado en Panamá–, extingue los efectos de los derechos que le confería el asilo.
“En principio él pierde todos los derechos que se le otorgan a un asilado”, explicó Tapia, pero también trajo a colación la ‘aquiescencia’ con la que se pudo haber dado el trámite de su salida.
Para el catedrático, Bolivia tuvo que estar enterada de la salida de Méndez, y de su paradero final. Aquella idea se enmarca en la Convención sobre el Asilo Diplomático de Caracas, Venezuela, del año 1954.
Paradójicamente, Venezuela sería el país al que llegó Méndez el 24 de julio, según informaron fuentes a este medio.
Tapia considera que la salida de Méndez no pudo haberse dado sin conocimiento previo de las autoridades bolivianas. Considera que debió existir algún tipo de comunicación entre Bolivia y, en este caso, Venezuela, para permitir su traslado.
“Nadie realiza una acción de esa naturaleza si previamente no lo tiene bien definido”, apuntó Tapia, al aludir una posible coordinación entre ambos Estados.
El artículo 12 de la Convención de Caracas refiere a que un Estado Asilante puede pedir la salida del asilado a territorio extranjero. En el artículo que le sigue, se señala que “al Estado asilante le corresponde el derecho de trasladar al asilado fuera del país”.
Independientemente de cómo se gestó la salida de Méndez, el Ministerio Público (MP) de Panamá informó que se solicitó la activación de una alerta roja de Interpol, vigente desde el 25 de julio, para que Méndez sea capturado, puesto que se le investiga por presuntos delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita, falsedad de documentos y estafa agravada.
#PGNContraElDelito#Comunicado| La Procuraduría General de la Nación informa a la ciudadanía lo siguiente:👇 pic.twitter.com/q4JWYaGg3Z
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) July 25, 2025
Para el gobierno panameño, el estatus de Méndez es claro: “fugitivo” o “prófugo”. Son palabras con las que han descrito la situación de Méndez el presidente de la República, José Raúl Mulino, y el canciller, Javier Martínez-Acha
Versión del Suntracs
Este medio contactó a Yamir Córdoba, secretario de organización de Suntracs, para conocer detalles sobre la salida de Méndez de Bolivia.
Córdoba estuvo recientemente en Venezuela, junto a otros dirigentes del sindicato. Al ser consultado sobre su visita al país sudamericano indicó: “Yo estuve en Venezuela recientemente, pero estuve atendiendo algunas cosas sindicales”.
A la pregunta: ¿Entre esas cosas estaría lograr asilo para Méndez? Córdoba respondió: “No, pero si lo hubiese, eso no sería un pecado, ¿no? Ni tampoco sería algo ilegal”.
Al tiempo explicó que Méndez salió de Bolivia y que hará declaraciones próximamente “desde donde esté”. No aseguró ni descartó que su ubicación actual sea Venezuela.
Por otro lado, el abogado del sindicato, Antonio Vargas, defiende que Méndez se trasladara a un tercer país. “Dado que Bolivia ya reconoció la existencia de persecución política contra Saúl Méndez, su traslado a un tercer país que garantice su protección encuentra pleno sustento legal en las normas internacionales”, dijo en un comunicado este 25 de julio.
“La decisión soberana de un tercer Estado de reconocer y otorgar asilo político a Saúl Méndez tiene efectos jurídicos vinculantes para la República de Panamá”, añadió, refiriéndose a la Convención de Caracas.
Incómodo para Venezuela
Hasta el momento, Venezuela no ha hecho una comunicación oficial sobre el eventual otorgamiento de asilo a Méndez. Ante este escenario, Tapia baraja diferentes hipótesis. Una de ellas es que Méndez se mantenga “de incógnito”
Lo anterior lo explica al considerar que un país con “afinidad ideológica no se prestaría para la detención” del dirigente sindical.
Venezuela tienen su propia historia de inconformidad con Interpol. En noviembre de 2024, desde Caracas se pidió una alerta que conllevara a la captura de Edmundo González Urrutia, uno de los líderes de la oposición al régimen de Nicolás Maduro.
El organismo policial internacional no emitió la alerta que solicitó Caracas, sustentando que no podía actuar por razones políticas. La omisión de la activación de la alerta de Interpol provocó críticas en el círculo cercano al régimen, incluido el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, según informaron medios internacionales.
Para Tapia hay dos alternativas: “O sale a la luz pública el país que le dio el nuevo asilo, o lo mantienen de incógnito”.
El caso omiso a la alerta de Interpol requeriría el tratamiento “de incógnito”, a menos que Venezuela formalizara el asilo; detalló el internacionalista.
Las relaciones entre Panamá y Venezuela, bajo la administración de José Raúl Mulino, se han caracterizado por choques diplomáticos. La suspensión de vuelos directos y relaciones consulares, sumada a la multitudinaria recepción en Panamá de Edmundo González Urrutia en enero de 2025, provocaron la ira de Caracas.
En ese contexto, la decisión de Venezuela sobre la alerta roja de Interpol contra Saúl Méndez queda en un plano incierto. También lo está en el eventual caso de que Méndez se traslade a otro Estado. El desenlace aún está por verse.
