El auge del comercio digital ha traído consigo un fenómeno que enciende las alarmas en el país: el incremento de las estafas en línea. Cada vez más panameños son víctimas de fraudes cometidos a través de redes sociales y plataformas de compraventa, donde los delincuentes se aprovechan del anonimato digital para engañar a compradores y vendedores.
Las autoridades del Ministerio Público han reiterado el llamado a la precaución, advirtiendo que este tipo de delito se ha posicionado entre los más frecuentes en Panamá.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, en promedio 17 personas son estafadas cada día bajo distintas modalidades, siendo las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí las zonas con mayor incidencia. Los casos van desde ventas de artículos inexistentes hasta transferencias electrónicas fraudulentas, lo que demuestra que los delincuentes han perfeccionado sus métodos y ampliado su alcance en el entorno virtual.
Entre enero y septiembre de este año se contabilizaron 4,515 denuncias por estafa y fraude, frente a las 4,142 registradas en el mismo periodo de 2024. El incremento del 9% preocupa a las autoridades, que advierten sobre la necesidad de fortalecer la educación digital.
Después de Panamá, con 2,534 denuncias, la provincia de Panamá Oeste es la que más casos reporta, con 552. En tercer lugar se encuentra Chiriquí, con 416.
La propuesta de ley
En medio de este escenario, el diputado Eduardo Gaitán, de la coalición Vamos, presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que endurece las sanciones por el delito de estafa. La iniciativa plantea modificar los artículos 220 y 221 del Código Penal, con el objetivo de adecuar las penas a la magnitud del daño económico y a las nuevas modalidades de fraude, especialmente las que se cometen a través de medios digitales.
De acuerdo con cifras de la Corte Suprema de Justicia, entre 2019 y 2024 los casos judicializados por estafa aumentaron un 578%, pasando de 189 a 1,282. En el mismo período, los casos imputados bajo este delito crecieron un 778%, y los remitidos a mediación se dispararon en más de 1,100%. Sin embargo, apenas 512 procesos culminaron con una sentencia, lo que evidencia —según Gaitán— la necesidad de reforzar tanto la legislación como la respuesta institucional ante este tipo de delitos.
El crecimiento del fraude
Los datos de la Procuraduría General de la Nación, aportados por el diputado para sustentar la iniciativa, confirman la tendencia. En los últimos cinco años se han recibido más de 26,600 denuncias por estafa en todo el país. En 2019 se reportaron 2,680 casos, mientras que en 2024 la cifra alcanzó 5,241, un aumento del 95.6%.
“La estafa dejó de ser un delito ocasional. Hoy es una industria del crimen que afecta a miles de panameños y a la economía nacional”, advirtió el diputado Gaitán durante la presentación de su propuesta.
El proyecto de ley, aprobado en primer debate, propone elevar la pena por el delito de estafa de cuatro a seis años de prisión, y aumentar hasta un tercio la sanción cuando el crimen se cometa mediante abuso de confianza o a través de medios cibernéticos. En los casos agravados —cuando el perjuicio económico supere los 50 mil dólares o cuando el delito afecte a la Administración Pública—, la condena podría alcanzar entre siete y doce años de prisión.
Gaitán argumentó que las sanciones actuales no son suficientes para disuadir a los delincuentes y que el bajo riesgo de castigo ha incentivado la reincidencia. “El daño que provocan estas estafas no solo es económico, sino también moral y social. La gente pierde la confianza en las instituciones y en el mercado”, señaló.
En una de las operaciones más amplias del año, la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, ejecutó la “Operación Rezago” en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí, logrando desarticular una red criminal dedicada a la estafa agravada. Durante los allanamientos fueron detenidas 15 personas, presuntamente vinculadas a una organización que operaba bajo distintas fachadas para cometer fraudes.
Según las autoridades, el grupo se hacía pasar por vendedores o compradores de vehículos, terrenos, celulares, paquetes vacacionales y alquileres, entre otros bienes y servicios, con el fin de engañar a sus víctimas. Hasta el momento se investigan más de 25 denuncias, que habrían provocado pérdidas superiores a los 100 mil dólares.
