La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional (AN) admitió una propuesta legislativa que penaliza a quien utilice la inteligencia artificial para afectar la honra o dignidad personal, propuesto por la diputada oficialista Dana Castañeda.
En esa sesión, celebrada este miércoles 26 de agosto en el salón Azul del Palacio Justo Arosemena, se reactivó una vieja aspiración de algunos diputados: eliminar la prohibición que impide a los funcionarios públicos recurrir a la vía penal para perseguir a aquellos ciudadanos que presuntamente les han calumniado o afectado su honor.
La prohibición, consignada en el artículo 178 del Código Penal, establece que “no constituyen delito contra el honor, entre otras situaciones, las discusiones, críticas y opiniones sobre los actos u omisiones oficiales de los servidores públicos, relativos al ejercicio de sus funciones”, lo que en la práctica blinda de la vía penal -más no de la civil- a quien critica la gestión de un funcionario.
Luis Eduardo Camacho, secretario de la comisión y copartidario de Castañeda, trajo el tema a discusión. Pronto encontró el respaldo de Benicio Robinson, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y Julio De la Guardia, de Cambio Democrático (CD).
La iniciativa de Castañeda propone castigar con cárcel el uso “malicioso” de la inteligencia artificial para fabricar contenido falso.
La iniciativa incorpora el artículo 195-A al Código Penal y castiga con cárcel de tres a seis años a quien, mediante inteligencia artificial, clonación de voz, manipulación de imagen o cualquier tecnología análoga, cree, altere, publique, difunda o comercialice contenido digital que reproduzca el rostro, la voz o la apariencia de una persona real sin su consentimiento, cuando ese contenido tenga capacidad de dañar el honra o la dignidad.
Aunque el proyecto no alude al artículo 178 del Código Penal, ya los diputados advirtieron que modificarán el proyecto de Castañeda para incluirlo.
Contra los medios
La sesión se convirtió en un espacio para que los diputados hicieran catarsis contra los medios de comunicación.
Camacho se quejó del largo proceso que implica una demanda civil cuando un funcionario considera que se ha afectado su honor y, por ello, propuso habilitar la vía penal.
“Quiero verlos presos”, dijo. Luego, dirigiéndose a la proponente, Dana Castañeda, anunció: “Voy a utilizar su proyecto para eliminar esa prohibición. Sé que me van a atacar. No me importa. Hay que tumbar esa prohibición absurda y violatoria de los derechos humanos”.
En términos similares, se pronunció Robinson.
Robinson, que además es el presidente del PRD, se ha caracterizado por su hostilidad a los medios de comunicación. Ha presentado dos demandas civiles contra Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa) y algunos de sus periodistas.
En una ocasión, se quejó por el uso de una fotografía, alegando la ley de protección de datos personales. Por esa razón, en 2023, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) multó a La Prensa por publicar la foto de Robinson en una nota periodística sobre sus negocios con el transporte y los cupos que otorga la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, alegando que el diario no acreditó el uso “lícito” del material fotográfico.
El diputado de Bocas del Toro también demandó por calumnia e injuria al reportero radial Ronald Acosta de Chiriquí, a raíz de unos comentarios que este hizo en su programa Proyección Social. De hecho, logró imponerle un secuestro judicial por 121 mil dólares al periodista, razón por la que un juzgado ordenó a la Alcaldía de Boquete retener los emolumentos de Acosta provenientes de un contrato de servicios profesionales por $600 mensuales.
Información en desarrollo...
