El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, admitió que la institución separó de sus filas a oficiales captados por el crimen organizado. “Muchos hemos incluso desvinculado y puesto a órdenes del Ministerio Público a algunas unidades que, lamentablemente, han sido abordadas por el crimen organizado”, afirmó.
En la Policía, esa depuración corre por cuenta de la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP). “Hacemos nuestra revisión de todo nuestro personal, de todos nuestros uniformados”, dijo Fernández. Los operativos internos alcanzaron a personas señaladas en algunos casos, precisó.
El director habló de la dimensión del problema. “El crimen organizado ha tenido décadas para poder fortalecerse. Esa es la realidad”, reconoció.
Al mismo tiempo, defendió al grueso del estamento, que supera las 25 mil personas entre agentes juramentados y personal no juramentado. “No por pocos tenemos que manchar la reputación del trabajo y sacrificio de muchas de las unidades”, añadió.
Fernández aportó una cifra: la Policía recibió más de 900 denuncias contra sus miembros el año pasado.
El número, aclaró, mezcla quejas de todo tipo. “Un operativo de tránsito que alguien no se sintió cómodo, eso es, por ejemplo, una denuncia”, ejemplificó. La institución no ha divulgado cuántas de esas denuncias apuntan a vínculos con el crimen organizado.
La advertencia de Mulino
Las declaraciones del director surgieron a partir de la advertencia que lanzó el presidente José Raúl Mulino el 12 de agosto, en el Foro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles, ante delegados de 19 países".
Con el narcotráfico no se negocia y no se pacta”, manifestó el mandatario ante el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y los responsables de los ministerios de defensa y seguridad de los países participantes.
Los cárteles, agregó, “tienen infiltrados en los gobiernos, en la justicia, en los organismos internacionales” y financian “bufetes de abogados, comunicadores” y organizaciones que aparentan defender causas sociales.
“No habrá paz y seguridad sostenible si este enemigo avanza”, advirtió el presidente en ese discurso.
Consultado sobre esa premisa, Fernández respondió: “En efecto, nosotros lo hemos dicho como coalición nacional”. Y agregó: “Tenemos una tarea muy grande que la hemos ido desarrollando efectivamente con incautaciones récord que se han dado en esta administración”.
La respuesta institucional, según el director, también pasa por las condiciones del personal. “Tenemos que seguir dotando a las unidades, tenemos que seguir dándoles un ambiente, una calidad de vida mucho mejor”, dijo, para “contrarrestar esas situaciones que se puedan prestar” frente a terceros que buscan aprovecharse.
Dos casos en el Legislativo
Si se le pone la lupa al poder Legislativo, por ejemplo, hay casos concretos. Para el periodo 2024-2029, hay dos diputados vinculados a pesquisas relacionadas con tráfico de drogas. A uno de ellos, incluso, se le relaciona con blanqueo de capitales.
La Corte Suprema de Justicia investiga a Raúl Pineda, miembro de la cúpula del Partido Revolucionario Democrático (PRD), por la operación Jericó, un operativo del Ministerio Público y la Policía Nacional que en el 2024 desmanteló una organización dedicada al tráfico internacional de drogas y el blanqueo de capitales.
El Ministerio Público envió a la Corte, órgano que investiga a los diputados, interceptaciones telefónicas que probarían que su hijo, Abraham Rico Pineda Tejada, supuestamente lavó dinero para el grupo investigado por Jericó.
Pineda Tejada, quien tiene arresto domiciliario, es investigado por la presunta comisión de blanqueo de capitales, ya que se le relaciona con la entrega de casi $90 mil al colombiano Jonathan Parra, quien confesó que el dinero era producto del blanqueo de capitales.
En la Corte también existe un expediente contra el diputado Isaac Mosquera, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista. El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales remitió al pleno el proceso que se le sigue por la supuesta comisión de un delito contra la seguridad colectiva relacionado con drogas.
El caso surgió en abril de 2011, cuando la Fiscalía de Drogas desmanteló una presunta red de narcotráfico vinculada a las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que usaba la escuela de aviación Albrook Flight para transportar droga, y acusó a Mosquera de ser uno de sus presuntos cabecillas. En 2024, un juzgado lo absolvió junto a otras ocho personas, pero la Fiscalía de Drogas apeló ese fallo.
Capturas en Colombia y extradición desde España
El componente internacional tomó fuerza en el propio foro. Hegseth anunció que Colombia “ya ha solicitado que el Departamento de Guerra se una a ella en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas”, y que ese país se sumará como miembro 19 de la iniciativa Escudo de las Américas, surgida de la cumbre que convocó Estados Unidos en marzo pasado.
Desde el pasado 7 de agosto el presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella.
Fernández valoró ese anuncio. “Es positivísimo, porque nosotros como policía (...) hemos hecho muchas operaciones en conjunto, tanto de Colombia hacia Panamá, como de Panamá hacia Colombia”, dijo.
El director además reveló que esas operaciones corren en ambas direcciones desde el inicio de esta administración.
Dos líderes de grupos criminales que se escondían en Colombia ya fueron traídos al país, dijo. España concretó hace poco la extradición de otra persona “de alto perfil” para las autoridades panameñas.
‘El primer escudo’ del Canal
El foro contra los carteles se celebró en paralelo con los ejercicios multinacional Panamax 2026, enfocados en la defensa del Canal de Panamá.
“Nosotros somos el primer escudo de defensa del Canal. Es la realidad”, afirmó Fernández. La fuerza pública, explicó, ensaya los escenarios de amenaza que se puedan dar y actúa “como una sola fuerza” bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad, “mientras se da todo el apoyo que se requiere de otros países en caso de alguna amenaza que pueda ser concretada”.
En la clausura del foro, Hegseth estrenó el emblema de la coalición: “Hacemos cosas malas contra las personas malas”, dijo el secretario de Guerra, quien advirtió que “es un mal momento para subirse a una lancha del narcotráfico en el hemisferio occidental” porque “hay un nuevo sheriff en el pueblo”.
El jefe del Departamento de Guerra también puso a Panamá como referencia de la región. “El presidente Mulino se ha resistido a las tácticas de presión de otros países, ha adoptado medidas de disuasión y ha rechazado las amenazas a su soberanía”, afirmó, y describió al país como “un buen ejemplo del tipo de sociedad que buscamos”.
La defensa del hemisferio, añadió, abarca “las amenazas externas a nuestra soberanía nacional, sea del narcotráfico o de otros actores extranjeros alineados”.
