La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (capítulo panameño de Transparencia Internacional) advirtió que la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional insiste en hacer uso de “esquemas ilegales de gestión de fondos”.
Yanibel Ábrego, presidenta de la Asamblea Nacional desde el pasado 1 de julio, dijo que revisará el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que en mayo pasado declaró ilegal una resolución de la Contraloría General de la Nación que pretendía regular las donaciones y subsidios que entregan los diputados con fondos públicos.
“Es decepcionante que quien representa el poder legislativo insista en un mecanismo fuera de la ley, que ya probó ser una puerta trasera por donde se esfumaron $14 millones de los contribuyentes y una probada práctica corrupta”, señala la fundación, en una nota de prensa.
Una investigación de La Prensa reveló que, de julio de 2014 a marzo de 2017, la Asamblea Nacional desembolsó por lo menos $14 millones en donaciones que, en la mayoría de los casos, nunca llegaron a su supuesto beneficiario final.
La fundación hace un llamado a Ábrego a que acate el fallo de la Corte y no “usurpe” funciones de autoridades locales, municipales y comunitarias “a través de prácticas clientelistas en sus circuitos”.
La Corte Suprema de Justicia no acogió una denuncia contra 14 diputados, por el manejo de estos dineros. Pero una denuncia presentada por la fundación contra cinco funcionarios de la Asamblea y uno de la Contraloría que fueron parte de este esquema de donaciones ilegales, está en fase de investigación en la Fiscalía Segunda Anticorrupción.
Coincidentemente, uno de los funcionarios denunciados es Luis Cruz, secretario general del Municipio de Santiago, provincia de Veraguas, que fue promovido a tesorero municipal.