La participación de las empresas telefónicas en la difusión masiva de anuncios sobre la desaparición de menores de edad es la recomendación del defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, sobre el Sistema Nacional de Alerta Amber.
Así lo manifestó el ombudsman durante la presentación de un informe sobre la situación de los derechos humanos en Panamá el jueves 11 de diciembre, donde instó a la aplicación plena del sistema de alerta para garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia a entornos seguros.
“Estamos contentos de que se haya hecho una reforma a la Alerta Amber; sin embargo, la misma no está funcionando como en otros países, donde se obliga a las empresas telefónicas a ponerse de acuerdo con los gobiernos para que emitan de forma automática, en todos los dispositivos dentro de sus redes, el anuncio de la desaparición de personas”, dijo Leblanc.
La Alerta Amber fue estrenada a través de una ley en 2021, pero este año tuvo una reforma a través de la Ley N° 469 del 8 de mayo de 2025.
Particularmente, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, impulsó la reforma y fue autocrítica en la gestión que tuvo su cartera al gestionar el sistema, algo que quedó expuesto por la propia Montalvo tras la muerte del menor Juan David García en el año 2024.
A pesar de que la reforma de la ley que rige la Alerta Amber sirvió para la creación de una ‘oficina de activación temprana’, el defensor del pueblo resaltó como pendiente la activación directa de la alerta por parte de las empresas telefónicas.
“Aplaudimos que lo están haciendo a través de Instagram y redes sociales, pero esto no es lo que debe ser. Por lo tanto, instamos a las empresas telefónicas a que realicen los ajustes y a la Autoridad Nacional de Servicios Públicos (Asep). Si hay que cambiar la norma para obligar a las empresas a que hagan esto sin costo para el Estado, hay que hacerlo", declaró Leblanc.
La nueva legislación incluye en su artículo 27 disposiciones para que las empresas concesionarias y operadoras de telefonía difundan la Alerta de menores desaparecidos a través de mensajes de texto, correos electrónicos o cualquier otro medio con el que cuenten.
En el informe presentado por la Defensoría el jueves detalla: “cuando estos sistemas no se activan con rapidez, no cuentan con cobertura suficiente o dependen de decisiones comerciales de actores privados, se debilita la capacidad del Estado para proteger la vida y la integridad de niños, niñas y adolescentes frente a desapariciones (...)”.
Particularmente, al sustentar el informe, Leblanc apuntó: “No puede ser que nos enteremos [de las desapariciones] por lo que publica el Ministerio de Seguridad (Minseg) en Instagram”.
El funcionamiento de la alerta se evidencia en publicaciones de redes sociales de las entidades gubernamentales, particularmente las del Minseg, incluida las cuentas de la Policía Nacional.
Hasta principios de noviembre de este 2025, el Ministerio Público registró reportes de desaparición de 846 menores de edad, de los que, hasta ese momento, 792 fueron localizados.
