La Defensoría del Pueblo presentó este jueves 11 de diciembre un informe de situación de los derechos humanos en Panamá para este año 2025, donde constató “brechas graves en el goce efectivo de los derechos humanos”.
Entre los asuntos graves que señala el informe se encuentran la falta de acceso continuo y seguro al agua potable, deficiencias en la infraestructura educativa —así como la pérdida de clases—, denuncias reiteradas por el uso excesivo de la fuerza en contextos de protesta social y retrasos prolongados en servicios médicos.
Las brechas en derechos humanos tienen más incidencia en áreas rurales, comarcales e indígenas, según apunta el informe.
A pesar de que también se revelaron avances en los ámbitos normativos y de iniciativas en lo que respecta a derechos de las mujeres y ambientales, persisten riesgos y fueron catalogados como “insuficientes”.
Las conclusiones de la Defensoría del Pueblo se presentan luego de un año de recopilar quejas interpuestas por los ciudadanos, monitoreos de campo y visitas del personal de la Defensoría a distintos puntos de la geografía nacional.
Año marcado por la protesta
El hilo conductor que siguió el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, al sustentar el informe, giró en varias ocasiones alrededor de las manifestaciones entre abril y julio de este año 2025 por las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS) y otros reclamos ciudadanos. Durante estos meses, la entidad desplegó a su equipo en las calles del país.
Particularmente, la vulneración de derechos como la educación o al debido proceso, fueron apuntados por la Defensoría.
El informe recoge que los estudiantes panameños en el nivel escolar han perdido hasta 490 días de clases entre 2020 y 2025. Esa cifra abarca la pandemia por Covid-19, huelgas docentes y desigualdades entre las regiones del país.
En ese sentido, la Defensoría instó a la no suspensión de las clases para no vulnerar el derecho a la educación de la niñez, algo que constató este año durante la huelga docente.
No obstante, la protesta social evidenció otro problema señalado por la entidad: vulneraciones al derecho de un debido proceso judicial, evidenciadas también durante las protestas.
Las aprehensiones tomaron especial relevancia en la provincia de Bocas del Toro, donde hubo despliegue de agentes de la Defensoría para supervisar la denominada ‘Operación Omega’, mientras en la provincia regía el Estado de Urgencia y la suspensión de garantías constitucionales —incluido el habeas corpus por 5 días—.
Al respecto, Leblanc manifestó: “todavía estamos recibiendo algunos informes de la Policía, el Órgano Judicial y el Ministerio Público. Nosotros presentamos las denuncias, sin embargo, creemos que hay protocolos que deben cumplirse. Estamos en un proceso de educación con la Policía Nacional”.
La entidad presentó en el pasado un informe que reveló el uso excesivo de la fuerza en Bocas del Toro contra 101 personas, la detención arbitraria de 92 ciudadanos, tratos crueles, inhumanos y degradantes a 99 personas, entre otros.
Al respecto, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, quien estuvo presente en el balance de derechos humanos presentado este jueves, negó que se haya ejercido un uso excesivo de la fuerza y lo catalogó de algo “relativo”.
Agua y salud
El acceso al agua potable es parte de los servicios esenciales que no están siendo cubiertos en su totalidad a nivel nacional, según revela el informe de derechos humanos, al tiempo que alerta de la situación en la región de Azuero, cuyos principales afluentes: el río La Villa y Estibaná, se encuentran contaminados.
“Las quejas recibidas y las inspecciones de campo documentan interrupciones constantes, escasez prolongada y deficiencias estructurales en potabilizadoras y redes de conducción que comprometen necesidades básicas como la alimentación, la higiene y la salud. En zonas como Azuero, lo ocurrido responde principalmente a un descuido histórico en el monitoreo de la calidad del agua”, revela el informe.
En cuanto a salud, el acceso a medicamentos, la programación de cirugías, la asignación de citas y la atención en servicios de urgencias y hemodiálisis fueron determinadas como desafíos importantes en la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (Minsa).
