El peso de sufrir un abuso sexual se carga, muchas veces, en silencio. Las más recientes estadísticas del Ministerio Público (MP) revelan que se han registrado menos denuncias de delitos contra la libertad e integridad sexual, hasta agosto, en comparación con 2024. La denuncia será crucial para el registro de ofensores sexuales, un listado que haría público el proyecto de ley 176, aprobado en tercer debate en la Asamblea Nacional el 2 de octubre.
Hasta agosto de 2025, unas 4,072 denuncias por delitos sexuales fueron interpuestas, una cifra que contrasta con el mismo periodo del año previo, cuando se registraron 4,377, según estadísticas del MP. Dentro de los delitos sexuales están la violación, actos libidinosos, acoso sexual, corrupción de menores de edad, explotación sexual, exhibicionismo, entre otros.
“Tenemos que denunciar, ese paso es importante”, dice la diputada Paulette Thomas, proponente del proyecto que busca “recuperar el espíritu” de la Ley 244 de 2021, que ya establece el registro de ofensores sexuales, pero que mantiene sus nombres en privado.
La nueva norma reforma la Ley 244 para hacer público el registro de ofensores sexuales, al tiempo que encarga a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) la tarea de colocarlos en una plataforma accesible a la ciudadanía.
El texto aprobado por el Legislativo —con 42 votos a favor y cero en contra— define la herramienta como el Sistema Nacional de Registro de Ofensores Sexuales, a cargo del Gabinete de Archivos e Identificación Personal de la DIJ.
Pero el proyecto espera la sanción del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien tiene alrededor de 30 días para realizarla. Si ese paso se cumple, la DIJ quedará mandatada para hacer público el registro existente.
“Las personas contenidas en esta lista son aquellas, hombres o mujeres, que sean culpables; que se hayan dado los elementos de juicio para que, en un momento dado, un juez los declarara culpables y tengan sentencias ejecutoriadas”, explicó Thomas al respecto.
Pero los delitos sexuales, en muchas ocasiones, son guardados bajo el peso del silencio.
Thomas lo reconoce: “Desde que fue aprobada esta ley, me han llamado y escrito cualquier cantidad de personas que han atravesado por este tipo de tristes situaciones y que, en su gran mayoría, ni siquiera se atrevieron a denunciar, siendo niños, niñas, ni siquiera a su mamá (...). Han guardado ese dolor, esa angustia que les ha acompañado a lo largo de toda la vida, hasta ahora, la vida adulta. Son más de los que yo remotamente pudiera haber pensado”, apunta la diputada, con la franqueza de quien ha escuchado testimonios cargados de dolor.
Organizaciones de la sociedad civil, como la Fundación Unidos por la Niñez, estiman que solo el 10% de los casos de abuso sexual contra menores de edad son denunciados. Esta cruda realidad plantea otro escenario: los desafíos que podría enfrentar la iniciativa legislativa.
Thomas los reconoce, por eso celebra la herramienta, pero sabe que aún queda una labor titánica por delante desde otras entidades del Estado.
El apoyo
Para la diputada Thomas, la intervención requiere mucho apoyo de las instituciones del Estado para hacer frente a las secuelas que deja sobre quien ha sido violentado. “Esto es algo muy difícil”, reconoció. Al mismo tiempo, se habló de las entidades del Estado que a veces atienden casos en primera instancia. Thomas expone como ejemplo la falta de personal que hay en el Ministerio de la Mujer o en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).
“No tenemos en el Ministerio de la Mujer [por ejemplo] la cantidad de psicólogos, de abogados y demás profesiones que se necesitan. Eso es una realidad. No podemos tapar el sol con un dedo: necesitamos apoyo”, explicó.
Consultada por este medio, la ministra de la Mujer, Niurka Palacios explicó que, ante los recortes presupuestarios que el Ejecutivo ha adelantado para la vigencia 2026, suele afectarse directamente “el funcionamiento de albergues”, centros donde pueden refugiarse mujeres que sufren cualquier tipo de violencia, incluida la sexual.
Desde el Ejecutivo se ha planteado reducir el Ministerio de la Mujer a una Secretaría dentro del aparato del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
La complicada situación presupuestaria y de personal se repite en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), que también mantiene albergues, en este caso, para menores de edad.
No obstante, esta institución se vio fuertemente cuestionada en el año 2021, cuando se destapó un escándalo por abusos sexuales a lo interno de los propios albergues. La Asamblea Nacional elaboró un informe aquel año en el que se registraron decenas de casos. Hasta 2023, cerca de ocho personas fueron aprehendidas en las investigaciones, y por un caso derivado, dos exfuncionarias de mando medio en Senniaf fueron condenadas.
El presupuesto recomendado a la Senniaf para 2026 es de $7.6 millones, apenas un poco más que el monto destinado a la remodelación de la villa diplomática de Ancón, un proyecto liderado por la Presidencia.
Senniaf solicitó $2.2 millones adicionales a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para ser sumados a su presupuesto de 2026, mismos que irían destinados a “135 posiciones urgentes”, según detalla la Resolución No.35 sobre modificaciones al presupuesto. “Sin embargo, allí se detalla que solo se considerarían $1 millón adicionales”.
“A ellos hay que destinarles más presupuesto”, apuntó Thomas, y mencionó que existe otra iniciativa que aumenta las penas por violaciones a menores de edad, ya convertida en ley de la República: la Ley No.474 de 24 de junio de 2025.
A pesar de que las iniciativas Legislativas buscan endurecer tanto las sanciones penales como las sociales y morales para prevenir la comisión de delitos sexuales, quedan desafíos por superar: traer a la luz historias de abuso que se sufren, muchas veces, en silencio.
