La crisis en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen activó a fiscales del Ministerio Público quienes visitaron el lugar horas después de que la diputada Alexandra Brenes, de la bancada Vamos, presentara una denuncia formal por las condiciones del albergue.
El viernes 6 de febrero, día en que Brenes formuló la denuncia ante la Procuraduría General de la Nación, un equipo del Ministerio Público se trasladó al CAI de Tocumen para constatar las condiciones denunciadas.
La diligencia se produjo pocas horas después de la presentación de la acción legal y formó parte de las primeras actuaciones dentro de la investigación abierta por las presuntas irregularidades detectadas en el lugar de acogida.
Ese mismo viernes, los magistrados Efrén Tello, Judith Cossu y Milixa Hernández Díaz, del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, también habrían acudido al centro para realizar una inspección, en medio de advertencias sobre posibles vulneraciones graves a los derechos de niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado.
Mientras tanto, La Prensa realizó un recorrido por el área y, aunque no se permitió el ingreso al centro, constató la presencia de vehículos oficiales, entre ellos del Ministerio de Gobierno y de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
En el CAI de Tocumen residen actualmente 35 personas bajo la jurisdicción de la Senniaf, entre ellas un bebé de tres meses de edad. Del total, 26 son del sexo masculino y nueve del sexo femenino. De acuerdo con información oficial, 23 son menores de edad y 12 son adultos.
La Procuraduría General de la Nación inicia diligencias investigativas por presuntas irregularidades en Centro de Atención Integral de Tocumen (CAI)
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) February 8, 2026
Más en: https://t.co/pQYVPXJ5sB pic.twitter.com/bBtMl24Qjd
De las 35 personas alojadas en el centro, 21 presentan algún tipo de discapacidad. Entre los diagnósticos reportados figuran discapacidad mental en grados moderado y severo, autismo, esquizofrenia, parálisis cerebral, hidrocefalia y síndrome de Down.
La denuncia
La denuncia presentada por Brenes apunta directamente a la directora general de la Senniaf, Ana Melinda Fábrega Guardia, y a otros funcionarios de la entidad. El escrito recoge hallazgos documentados durante una visita al CAI realizada el jueves 5 de febrero y describe un patrón de irregularidades que, según la diputada, no surgió de forma repentina.
Entre las advertencias figura la convivencia de menores con adultos, incluidos algunos con discapacidades psiquiátricas, sin separación adecuada por edad, condición o nivel de riesgo, y sin planes individualizados de atención.
La denuncia también detalla el deterioro severo de la infraestructura: dormitorios sin ventilación, baños inhabilitados, camas y colchones en mal estado, escasez de insumos de limpieza y riesgos físicos dentro de las instalaciones.
El documento advierte además sobre la inoperatividad de áreas esenciales para la vida cotidiana del centro, como la cocina, los salones de clases y varios dormitorios, así como la falta de personal suficiente para atender a la población residente. Según el escrito, estas condiciones persisten desde hace meses y fueron comunicadas a instancias superiores sin que se adoptaran correctivos eficaces.
Junta directiva se reunirá
En paralelo a las diligencias judiciales, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, convocó a una reunión extraordinaria de su junta directiva para el próximo lunes 9 de febrero. Carles es la presidenta de este organismo.
La junta directiva está integrada, además, por la propia Fábrega Guardia; el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo; la ministra de Educación, Lucy Molinar; la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz; el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; y el contralor general de la República, Anel Flores de la Lastra, además de cuatro representantes de la sociedad civil provenientes de la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia y del Consejo Nacional de la Familia.
En un comunicado divulgado este sábado, el Ministerio de Desarrollo Social informó que “la protección del interés superior de la niñez y la adolescencia es y seguirá siendo una prioridad absoluta del Estado y que, ante cualquier indicio de irregularidad que ponga en riesgo la integridad o seguridad de los menores, colaborará de manera total y transparente con las autoridades competentes”.
El boletín de prensa añadió que “de manera previa, se ha recomendado la adopción de medidas concretas para fortalecer los protocolos institucionales, con el objetivo de garantizar una atención eficaz y la protección integral de los niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado”.
