La junta directiva del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) se reúne este lunes 9 de febrero en sesión extraordinaria, en medio de una creciente presión pública, para evaluar las denuncias por presuntas irregularidades en albergues de niños, niñas y adolescentes.
En ese escenario, la diputada de la bancada Vamos, Alexandra Brenes, quien presentó la denuncia, advirtió que el Estado no puede tolerar que funcionarios señalados por delitos graves permanezcan en sus cargos mientras avanzan las investigaciones, debido al riesgo de encubrimiento y de entorpecimiento de los procesos.
“No podemos tener por ningún motivo personas que han sido denunciadas por presuntos delitos graves, como abuso sexual, maltrato al menor y omisión de funciones”, afirmó.
Brenes sostuvo que, tratándose de menores de edad, la reacción institucional debía ser inmediata. “Cuando estamos hablando de menores, el sentido es de urgencia. Esto debió suceder el mismo viernes o sábado, dentro de las primeras 24 o 48 horas, sin importar si es día hábil o no”, dijo, al explicar que recibió denuncias tanto de funcionarios como de sectores de la sociedad civil sobre lo que ocurre dentro de los albergues.
Rol de la Senniaf
La diputada también puso el foco en el deterioro presupuestario de las instituciones encargadas de la protección de la niñez. Señaló que, en el caso de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia (Senniaf), el presupuesto pasó de 12 millones de dólares en 2023 a 8 millones en la actualidad.
“Hoy tenemos entre 580 y 583 albergues en el país, con alrededor de mil niños, niñas y adolescentes, y algunos adultos, dentro de estos centros”, precisó.
A partir de visitas de campo, Brenes aseguró que pudo constatar condiciones alarmantes. Relató que recorrieron ocho albergues en provincias como Chiriquí, Coclé, Santiago de Veraguas y Chorrera, en Panamá Oeste, aunque en algunos casos las visitas fueron obstaculizadas.
“Nos cambiaron la agenda y nos llevaron a albergues que funcionan con donaciones y fundaciones, pero la supervisión de todos los albergues del país sigue siendo responsabilidad del Estado”, subrayó.
Uno de los casos más críticos, según la diputada, fue el albergue de Tocumen, donde describió una infraestructura en estado “deplorable”. “En un baño con cinco duchas y cinco excusados, solo funcionan dos. Hay camas rotas, colchones rotos, colchones orinados, con un olor muy fuerte”, relató.
Añadió que incluso hay casas dentro del albergue que no cuentan con lavamanos y presentan condiciones insalubres.
Personas con discapacidad
La situación es aún más delicada en el caso de niños y adultos con discapacidad. Brenes indicó que en ese albergue hay al menos 12 personas con discapacidad sin un plan individualizado de atención. “No tienen seguimiento, no hay un programa para ver cómo pueden avanzar. Surgen autolesiones y también maltrato entre ellos mismos”, afirmó, al tiempo que denunció que se han reportado abusos sexuales dentro de los centros.
La diputada recordó que el año pasado incluso se registró un caso de embarazo de una menor, producto de relaciones ocurridas dentro del mismo albergue. “Son este tipo de desprotección y vulneración las que constan en nuestro informe, con testimonios de psicólogos, trabajadores sociales, abogados y funcionarios que se atrevieron a aportar información en la denuncia que presentamos”, explicó.
Brenes fue enfática en señalar la omisión de deberes de altos funcionarios. Aseguró que directivos y autoridades estaban copiados en correos electrónicos y conocían los informes de trabajadores sociales. “Tenían conocimiento y, aun así, no existen denuncias. Hay niños con enfermedades como tuberculosis, y eso no se puede desconocer por ningún motivo”, advirtió.
Para la diputada, el problema también tiene raíces en la falta de vocación y preparación de quienes dirigen estas instituciones. “Cuando hacíamos la inspección, la coordinadora nos enseñaba todo como si estuviéramos en el país de las maravillas, como si fuera normal que un niño duerma en una cama rota, sin almohada y con un colchón en mal estado”, relató, al criticar la normalización de condiciones que vulneran derechos básicos.
La reunión en el Mides está prevista para las 2:00 p.m.
