La Autoridad Nacional de Descentralización (AND) informó que, hasta el 10 de julio de 2024, había remitido al Ministerio Público un total de 280 denuncias por presuntos malos manejos vinculados al esquema conocido como “descentralización paralela”, por un monto acumulado que supera los 200 millones de dólares.
La cifra, incluida en un informe sobre el primer año de gestión, revela la magnitud del desvío de recursos que, según la entidad, debieron destinarse a obras comunitarias y proyectos municipales.
Estas denuncias forman parte de un esfuerzo, según la institución, por fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de fondos públicos.
“La transparencia continúa siendo un pilar fundamental para una descentralización efectiva”, subraya el documento, que detalla que los casos fueron detectados mediante auditorías internas, revisiones de contratos y alertas ciudadanas.
Diligencias
Hasta el mes pasado, el Ministerio Público detalló que las fiscalías anticorrupción a cargo de estas investigaciones habían realizado 75 inspecciones oculares y 200 entrevistas a personas responsables de las juntas comunales y municipios a los que se les asignaron los fondos.
La fiscalía también ha obtenido documentación de la Autoridad Nacional de Descentralización y de la Contraloría General de la República sobre la cantidad de recursos transferidos a las juntas comunales y municipios.
Las fiscalías anticorrupción han calificado como causa compleja la investigación sobre el uso de fondos asignados mediante el esquema de descentralización paralela. El volumen de documentos requeridos a cada junta comunal, sumado a la ubicación remota de muchas de ellas, ha dificultado el acceso a las obras que supuestamente fueron construidas con estos recursos. Los fiscales enfrentan obstáculos logísticos para verificar en campo si las contrataciones realmente se ejecutaron.
Fuentes cercanas a la investigación revelaron que varias juntas comunales y municipios no han logrado justificar el uso del dinero recibido. En algunos casos, no existe documentación alguna en los archivos institucionales que respalde el destino de los fondos, a pesar de que las transferencias fueron realizadas. La ausencia de expedientes, facturas o informes técnicos ha encendido las alertas del Ministerio Público.
Proyectos inconclusos
Como parte del proceso, las fiscalías deben comprobar la existencia y ejecución de cientos de obras supuestamente financiadas con recursos públicos. Varios representantes de corregimiento, que asumieron funciones en 2024, afirmaron haber encontrado proyectos inconclusos, sin sustento documental y con cuentas por pagar. La situación deja entrever una posible red de contrataciones fantasmas o mal gestionadas durante la administración anterior.
Uno de los patrones identificados por las autoridades apunta a que la mayoría de las juntas comunales que recibieron mayores sumas de dinero están vinculadas al Partido Revolucionario Democrático (PRD).
En enero pasado, el procurador general, Luis Carlos Gómez, solicitó al contralor, Anel Flores, información sobre los casos de 166 juntas comunales señaladas en las denuncias en trámite. Entre ellas figura la Junta Comunal de Barrio Norte, en Colón, que recibió 14 millones de dólares, una de las asignaciones más altas detectadas hasta ahora.
