El escándalo de la descentralización paralela, uno de los episodios de corrupción más sonados del gobierno del perredista Laurentino Cortizo (2019-2024), sigue generando efectos concretos en la administración pública.
Autoridades de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) han presentado 300 denuncias ante el Ministerio Público para que se investigue el destino de $214,591,550 transferidos a juntas comunales y municipios, fondos que fueron distribuidos de manera discrecional a feudos del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y sus aliados.
Las denuncias apuntan a posibles irregularidades en el uso de fondos públicos asignados al margen de los mecanismos ordinarios de descentralización, entre ellas proyectos sin sustento técnico, obras inconclusas o inexistentes y transferencias aprobadas sin controles previos suficientes.
La AND explica que los hallazgos surgieron tras auditorías internas y procesos de revisión administrativa, y ahora quedan en manos del Ministerio Público, que deberá determinar si los hechos configuran delitos contra la administración pública y establecer responsabilidades penales.
Las solicitudes a los gobiernos locales
Un informe de la Autoridad Nacional de Descentralización, entidad a cargo de Roxana Méndez, detalla que la institución envió 663 solicitudes de información a municipios y juntas comunales para conocer en que se invirtieron los fondos que institucionalmente correspondían al Programa de Interés Social (PDIS). De ese total, 627 fueron atendidas, mientras que 36 permanecen sin respuesta.
No obstante, la institución ha seguido funcionando con sus programas. Entre agosto de 2024, un mes después de que el gobierno de José Raúl Mulino asumiera el poder, y septiembre de 2025, se ejecutaron 4,719 proyectos con una inversión acumulada de $130,368,724. Casi la mitad de esas obras, el 49%, corresponde al sector de vialidad: 906 proyectos que concentraron $63,788,754.
El documento también precisa que desde agosto de 2024, la AND transfirió $186,694,320 a municipios y juntas comunales en todo el país. De ese monto, $82,474,804 provino del Programa de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), mientras que $85,636,320 se asignó a través del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (Piopsm).
Además, la entidad destinó $18,582,935 a subsidios, según el mismo informe.
En el Ministerio Público
Hasta los primeros días de noviembre de este año, la Fiscalía Anticorrupción tenía en la mira a 36 representantes y exrepresentantes de corregimiento, así como a extesoreros municipales y otros funcionarios clave de gobiernos locales, a quienes se les han formulado cargos por la supuesta comisión del delito de peculado.
Dentro de las investigaciones en curso, la Fiscalía Anticorrupción mantiene bajo análisis a varias juntas comunales que recibieron montos significativos de la Autoridad Nacional de Descentralización. Entre ellas figura la Junta Comunal de Belisario Porras, de San Miguelito, a la que la AND transfirió alrededor de $8 millones, recursos que en su mayoría estaban destinados al Programa de Desarrollo de Interés Social, dinero que luego mutó a la descentralización paralela.
El caso de Barrio Norte
La AND también denunció a Javier Lynch Hurtado, representante del corregimiento de Barrio Norte, en la provincia de Colón.
En los comicios electorales de 2019 y 2024, el diputado Jairo “Bolota” Salazar, del PRD, fue electo representante de Barrio Norte y diputado de la Asamblea Nacional. No obstante, optó por el Palacio Justo Arosemena, por lo que Lynch quedó al frente de la junta comunal.
La junta comunal de Barrio Norte recibió más de $14.1 millones durante los años 2021, 2022 y 2023 a través de la descentralización paralela, sin “justificaciones ni documentos sustentadores que acrediten la transparencia y el correcto uso de los fondos públicos”, según un informe de gastos de la AND.
En agosto de 2024, Roxana Méndez envió una carta a Lynch en la que le indicó que no existen documentos que respalden el uso de los $14.1 millones.
Según la denuncia presentada, el supuesto uso que Lynch daba a estos fondos incluía, entre otros rubros, asistencia social; compra de materiales de construcción; suministro de insumos y enseres (colchones, estufas, entre otros); medicamentos para asilos, hogares de niños y personas de escasos recursos; centros de atención a población en riesgo, e insumos para “el control de la salubridad”.
Salazar ha intentado desligarse de cualquier responsabilidad con estos fondos. “Yo no puedo hablar de los $14 millones, porque yo no soy representante”, dijo en mayo pasado en una entrevista en el programa radial 180 Minutos, que conduce Álvaro Alvarado.
