Diferencias con el contralor Anel Flores por el manejo de los fondos extraordinarios para juntas comunales y municipios en medio de la emergencia por el terremoto del pasado 9 de octubre habrían ocasionado la salida de Roxana Méndez de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND).
De acuerdo con información recopilada por La Prensa, Méndez no estaba de acuerdo con el esquema para otorgar las transferencias de $10 mil y $20 mil a representantes de corregimiento y alcaldes, respectivamente, que el presidente José Raúl Mulino anunció el pasado jueves en la mañana, seis días después del sismo.
Hoy se depositarán fondos en las Juntas Comunales y Alcaldías para la ayuda directa a damnificados del sismo. Estos recursos serán fiscalizados rigurosamente por la Contraloria General. Son $10 mil por Representante y $20 mil por alcaldía.
— José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) October 15, 2026
Mulino también informó en su cuenta de X que “estos recursos serán fiscalizados rigurosamente por la Contraloría General”, entidad a cargo de Flores.
Pero a Méndez no le convenció este mecanismo, pues, a su juicio, ese dinero debía pasar por los canales establecidos en la ley de descentralización aprobada en el año 2009.
Esa postura ocasionó un choque con Flores.
El nuevo manual para los fondos
La Contraloría aprobó un procedimiento temporal y extraordinario para que los municipios y las juntas comunales adquieran a crédito los bienes y servicios que necesitan las comunidades damnificadas.
Las compras se pagarán con los fondos del Impuesto de Inmuebles (IBI) y del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPSM), ambos parte del sistema de descentralización que, por ley, administra la AND.
La resolución que contiene la medida está firmada por el subcontralor Omar Castillo y se publicó el pasado 12 de octubre en la Gaceta Oficial N.º 30632-A, dos días después de que el Consejo de Gabinete declarara el estado de emergencia nacional.
Según la medida, alcaldes y representantes de corregimiento deberán justificar cada compra en un informe que detalle el proveedor, los suministros adquiridos, el monto y la comunidad beneficiada. A ese informe se sumarán facturas, constancias de entrega y fotografías.
Cada alcalde y representante responderá por la veracidad de esos documentos, y la Contraloría revisará cada expediente antes de autorizar el pago.
Presiones
Durante su gestión, Méndez denunció por posibles lesiones patrimoniales a decenas de autoridades locales que se beneficiaron de la llamada descentralización paralela. Ese fue un esquema de transferencias discrecionales y sin justificación a juntas comunales y municipios controlados por políticos del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y sus aliados durante el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024).
“El Ministerio Público es el que da respuesta a los $238 millones que no pudieron ser sustentados y que ellos están investigando”
Méndez informó que a través de este mecanismo, al menos $320 millones se repartieron “sin justificación”, aunque reconoció que algunos gobiernos locales han logrado sustentar el uso de los recursos.
Hasta agosto pasado, 99 personas habían sido imputadas por la supuesta comisión de peculado.
La lluvia de denuncias ante el Ministerio Público le generó pugnas con algunos diputados de la Asamblea Nacional, entre ellos, Benicio Robinson, presidente del PRD, quien varias veces la confrontó en la Comisión de Presupuesto.
Robinson la acusaba de “perseguir a las juntas comunales y los alcaldes”.
“Yo no se por qué el contralor le ha permitido tantos abusos a usted”, le dijo Robinson en una ocasión en la mencionada comisión. Robinson y el contralor son viejos amigos, pues Flores militó en el PRD.
Ella se defendía diciendo lamentaba que se sintiera “afectado” por las denuncias.
Bocas del Toro, área electoral de Robinson, recibió al menos $28.9 millones de la descentralización paralela, entre 2021 y 2023.
Las denuncias también le provocó roces con las organizaciones vinculadas a alcaldes y representantes del país, entre ellas, la dirigencia de la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), que preside Nadine González, una figura cercana al contralor y a la secretaria ejecutiva del Asuntos Públicos del Ministerio de la Presidencia, Mercedes Chelín González.
Entre 2021 y 2025, Amupa recibió $7.8 millones, que salieron del 1% del IBI que le corresponde por ley y de otro 1% del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales. Sin embargo, en el Ministerio de Economía y Finanzas no hay constancia de rendición de cuentas por el uso de ese dinero.
Las oficinas remotas...
Méndez tenía otros frentes abiertos.
Fue muy cuestionada por su proyecto para habilitar 15 “oficinas remotas” en zonas de difícil acceso, cada una equipada con internet satelital con tecnología Starlink, dos computadoras, antena, sistema de protección de baterías, licencias informáticas, soporte, mantenimiento y paneles solares.
El contrato, adjudicado a la empresa Edupan, S.A., fue refrendado por el contralor Flores el pasado 18 de agosto.
La idea surgió luego de que un censo levantado por la AND encontrara que hay por lo menos 300 juntas comunales sin servicio de internet, lo que resta agilidad y eficacia en la gestión de muchos trámites.
El plan tenía como aliado estratégico a la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG). y la idea era avanzar cada año con 15 juntas comunales.
La Prensa ha llamado a Méndez en varias ocasiones para que hable sobre su renuncia, pero no ha respondido.
En un comunicado divulgado por la AND durante la noche del jueves 15 de octubre, día en que se dio a conocer que Méndez dejaba la entidad, se informó que Méndez se mantendrá en sus funciones hasta que se designe a su reemplazo.
“Méndez seguirá sirviendo al pueblo panameño en apoyo a la gestión del presidente José Raúl Mulino”, dice la nota de prensa.
Méndez fue alcaldesa de Panamá entre 2012 y 2014 tras al renuncia del titular, Bosco Ricardo Vallarino.
Llegó a la AND en julio de 2024 cuando Mulino asumió la Presidencia de la República.
