Personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y del Ministerio Público llevó a cabo una inspección ocular este lunes 29 de diciembre en el monumento chino del Mirador del Puente de las Américas, el cual fue demolido la noche del sábado 27 de diciembre por la Alcaldía de Arraiján.
Fuentes del Ministerio Público indicaron que se inició una investigación como consecuencia de una denuncia presentada en la regional de Panamá Oeste. Además, se informó que la Fiscalía Anticorrupción asumió el caso.
Hasta el momento, al menos dos denuncias han sido presentadas contra la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba.
A estas acciones se sumó el presidente José Raúl Mulino, quien solicitó el domingo 28 de diciembre que se iniciara una investigación de inmediato.
Una de las denuncias fue interpuesta por el Movimiento de Abogados Gremialistas, que señala a la alcaldesa por presuntas irregularidades relacionadas con la protección del patrimonio histórico, tras la orden que derivó en la demolición de la estructura.
La acción legal fue presentada ante la Fiscalía Anticorrupción por la abogada Edna Ramos, quien solicitó la apertura de una investigación para determinar posibles responsabilidades penales, entre ellas delitos vinculados a la afectación del patrimonio histórico y al abuso de autoridad en el ejercicio de funciones públicas.
De igual forma, el abogado John Campos Escudero, del área de Panamá Oeste, presentó una denuncia contra Peñalba y solicitó una investigación penal de oficio por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.
Se deslindan de responsabilidad
Tras la demolición del monumento chino en el mirador del Puente de las Américas, distintas entidades del Estado marcaron distancia de la decisión adoptada por la Alcaldía de Arraiján.
Instituciones como el Ministerio de Obras Públicas, la Policía Nacional y el Sistema Nacional de Protección Civil aseguraron no haber participado en la orden ni en la ejecución de la remoción de la estructura.
En particular, el Sistema Nacional de Protección Civil precisó que su intervención se limitó a una evaluación técnica previa, en la que recomendó la restauración del monumento y no su demolición, al considerar que existían alternativas para mitigar los riesgos estructurales. Estas aclaraciones han reforzado el debate sobre la falta de coordinación interinstitucional en un caso que ya trascendió el ámbito municipal.
Asimismo, el Concejo Municipal de Arraiján señaló, mediante un comunicado, que no fue consultado sobre la demolición de la estructura. De manera preliminar, también se conoció que la Autoridad del Canal de Panamá no otorgó el permiso de compatibilidad requerido para realizar trabajos en las orillas de la cuenca hídrica del Canal.
