En los pasillos del poder, el nombre de la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, comenzó a circular desde temprano, no por una agenda de reformas estructurales, sino por una cadena de decisiones que, una tras otra, fueron alimentando la controversia. Más que una hoja de ruta clara, su gestión ha estado marcada por episodios que han tensionado la relación entre el Ejecutivo y distintos sectores del país.
Una de las primeras polémicas tomó forma en una escena difícil de encajar en el rigor penitenciario. Desde el Centro de Rehabilitación El Renacer se autorizó, en diciembre de 2024, un “permiso de salida especial” para dos de sus internos más conocidos: el exministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, y el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Giacomo Tamburelli, ya fallecido.
La justificación oficial hablaba de una colaboración en la elaboración de roscas navideñas, pero la imagen —funcionarios juzgados por la pérdida de millones de dólares saliendo de prisión por unas horas— terminó instalándose en la opinión pública como una postal incómoda, en la que los límites entre lo simbólico y lo institucional parecían desdibujarse.
La figura de la ministra volvió a quedar en el centro de la conversación pública cuando salió a defender la rebaja de pena concedida a Milena Vallarino, esposa de Ferrufino. La reacción no tardó: en la opinión pública se instaló la incomodidad ante una defensa que muchos interpretaron como algo más que institucional.
No ayudaba el trasfondo. Ambos habían sido procesados por enriquecimiento injustificado, tras no poder sustentar movimientos bancarios, la adquisición de bienes, el pago de deudas y la apertura de sociedades, lo que derivó en la acumulación de fondos en múltiples cuentas. En ese contexto, la cercanía atribuida a la ministra con la pareja terminó por alimentar una percepción persistente: la de una línea difusa entre lo público y lo personal.
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— Ministerio de Gobierno de Panamá (@MinGobPma) December 26, 2025
Jueces de paz y capuchas
La ministra no se detuvo. También enfrentó conflictos con los jueces de paz cuando, bajo su gestión, se impulsaron cambios que modificaban quién tenía el control sobre estas figuras de justicia comunitaria. Tradicionalmente, los jueces de paz estaban bajo la órbita de los municipios, como parte de un modelo de justicia local cercano a las comunidades.
Sin embargo, desde el Ministerio de Gobierno se promovieron medidas para trasladar o centralizar parte de esa competencia, lo que fue interpretado por alcaldes y autoridades locales como una pérdida de autonomía.
También hubo intentos que no lograron pasar del papel. La ministra impulsó una iniciativa para sancionar el uso de máscaras o capuchas en protestas, en un contexto marcado por la tensión en las calles. La propuesta buscaba, según el discurso oficial, poner límites al anonimato en manifestaciones, pero desde su anuncio encontró resistencia.
Críticas de sectores sociales y políticos la señalaron como una medida que podía vulnerar la libertad de expresión. El 10 de marzo de 2026, el proyecto fue retirado de la Asamblea Nacional. Así, sin llegar a debatirse a fondo, la iniciativa murió en su cuna, convertida en otro episodio de choque entre el Gobierno y la calle.
Licitación y plataformas
Otra decisión que elevó la temperatura política fue la adjudicación de contratos de alimentación para privados de libertad, un proceso impulsado desde el Ministerio de Gobierno bajo la gestión de Montalvo. Sobre el papel, se trataba de garantizar el suministro en centros penitenciarios; en la práctica, las cifras encendieron las alarmas: 33.6 millones de dólares para cárceles en Colón y más de 209 millones para la provincia de Panamá, ambos por períodos de seis años.
Pero no fueron solo los montos. Las críticas se concentraron en los términos: pagos calculados sobre alimentos crudos frente a raciones que debían entregarse cocidas, una diferencia que —según especialistas— abría espacio a pérdidas para el Estado.
A esto se sumó otro elemento incómodo: pese a la participación inicial de múltiples empresas, las ofertas finales quedaron en manos de muy pocos actores, alimentando la percepción de un mercado cerrado o de un posible monopolio, sobre el que Montalvo prefirió guardar silencio.
En su penúltima polémica apareció el Decreto Ejecutivo 10 como una jugada de orden en un terreno cada vez más disputado. Firmado por la ministra de Gobierno, buscaba regular el funcionamiento de las plataformas tecnológicas de transporte, un sector en expansión y en constante tensión.
Pero lo que empezó como un intento de control pronto se convirtió en un foco de rechazo. Conductores, usuarios y empresas reaccionaron casi de inmediato, trasladando el conflicto de las calles al debate público y político. Se habló de la participación de funcionarios y aliados del partido oficialista Realizando Metas, como Justo Castañeda, secretario de la Autoridad de Tránsito y hermano de la diputada Dana Castañeda, quienes formarían parte de empresas prestatarias.
Como se recordará, a través del decreto se buscaba que las prestatarias suministraran los certificados de operación a los conductores de plataformas.
La controversia alcanzó su punto más alto cuando el presidente José Raúl Mulino decidió derogar el decreto. La medida no solo evidenció tensiones dentro del propio Ejecutivo, sino que alimentó versiones en círculos políticos sobre una posible renuncia de la ministra, rumores que no fueron confirmados oficialmente, pero que intensificaron el clima de incertidumbre.
Y, como cierre de una secuencia de decisiones controvertidas, surgió otro episodio que volvió a sacudir la opinión pública. El Ministerio de Gobierno incluyó en una lista de 1,187 privados de libertad nominados para rebajas de pena a la abogada Mayra Evelia Hall Conte.
Su nombre no pasó desapercibido: había sido condenada por el asesinato del comunicador y exgobernador coclesano Darío Fernández, ocurrido el 6 de noviembre de 2011 en su residencia.
Así, más que hechos aislados, los episodios configuran un patrón. La gestión de Montalvo no solo ha sido controversial: ha estado atravesada por decisiones que, en lugar de cerrar conflictos, los amplifican. En un gobierno que prometía orden, su figura se ha convertido en uno de los principales focos de ruido político.
