La diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, amplió ante el Ministerio Público la denuncia por irregularidades detectadas en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, administrado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).
Brenes acudió la tarde del martes a la Procuraduría General de la Nación, donde entregó fotografías, videos y documentación adicional que respaldan la denuncia penal presentada el viernes anterior. La acción legal original señala directamente a la directora nacional de la Senniaf, Ana Melinda Fábrega Guardia, así como a otros funcionarios vinculados a la administración y supervisión del albergue.
El escrito se sustenta en una visita de inspección realizada el 5 de febrero de 2026 por la diputada y personal técnico de la comisión legislativa al CAI de Tocumen. Según la denuncia, los hallazgos evidencian condiciones de riesgo, deficiencias estructurales y fallas en la atención integral, situaciones que, de acuerdo con Brenes, no surgieron de manera repentina, sino que responden a problemas arrastrados en el tiempo.
Entre los elementos incorporados figura un informe técnico de una trabajadora social de la Asamblea, que documenta la convivencia de menores de edad con adultos, varios de ellos con discapacidades severas, así como baños inhabilitados, dormitorios en mal estado, falta de insumos básicos y ausencia de planes individualizados de atención, pese a la diversidad de condiciones médicas y psicológicas de los residentes.
La denuncia también incorpora relatos de funcionarios y exresidentes del centro. En uno de los apartados, Brenes solicita que el Ministerio Público recabe el testimonio de una joven que residió en el CAI y que, según el documento, narró vejaciones y malos tratos sufridos durante su estadía, así como situaciones que afectarían a menores que aún permanecen en el albergue.
Además, el expediente incluye comunicaciones internas y correos electrónicos atribuidos a un psicólogo de la institución, en los que se advierte sobre presuntos abusos sexuales, maltrato físico y psicológico, contagios de enfermedades, autolesiones y falta de separación entre poblaciones vulnerables, sin que, según la denuncia, se adoptaran medidas correctivas oportunas.
En el plano legal, Brenes pidió que se investiguen posibles delitos tipificados en el Código Penal, entre ellos los relacionados con maltrato a menores, omisión de deberes de servidores públicos y delitos contra la integridad sexual, y solicitó como medida especial la separación del cargo de la directora de la Senniaf para preservar las evidencias durante el proceso investigativo.
Los huéspedes
En el CAI de Tocumen residen actualmente 35 personas bajo la jurisdicción de la Senniaf, entre ellas un bebé de tres meses de edad. Del total, 26 son del sexo masculino y nueve del sexo femenino. De acuerdo con información oficial, 23 son menores de edad y 12 son adultos.
De las 35 personas alojadas en el centro, 21 presentan algún tipo de discapacidad. Entre los diagnósticos reportados figuran discapacidad mental en grados moderado y severo, autismo, esquizofrenia, parálisis cerebral, hidrocefalia y síndrome de Down.
La diputada Brenes volvió a referirse al tema ayer martes en el pleno de la Asamblea. Recordó el deber de los diputados de fiscalizar y anunció que citarán a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles al pleno de la Asamblea.
‘Muchos recursos’
En el documento, se recoge una afirmación atribuida a la directora de la Senniaf, Ana Fábrega, en la que indica que el presupuesto destinado al funcionamiento de los CAI asciende $160,000, monto que, según se consigna, resulta insuficiente para cubrir personal técnico, alimentación y operación de los centros de acogida estatales.
El tema figura en el apartado de hallazgos y recomendaciones del documento y se utiliza como sustento para solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Desarrollo Social una revisión de la asignación presupuestaria otorgada a la Senniaf, ante las limitaciones señaladas para garantizar la adecuada operación de los centros.
No obstante, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman aclaró que la Senniaf cuenta con fondos suficientes para esos propósitos. Dijo que había revisado el presupuesto y tienen “muchos recursos”.
Despidos en la Senniaf
El pasado lunes, la junta directiva de la Senniaf adoptó un paquete de medidas inmediatas tras celebrar una reunión extraordinaria, motivada por la denuncia de Brenes.
Se ordenó una inspección técnica inmediata en el CAI de Tocumen para corroborar la situación real del albergue, identificar hallazgos y determinar las medidas correctivas que correspondan, de acuerdo con los protocolos de protección establecidos. Esta diligencia se efectuó el pasado lunes.
Además, se aprobó comenzar procesos de interdicción para la población adulta con discapacidad que permanece en el sistema de protección sin una alternativa familiar. Esta medida implica la transferencia de estas personas a otras instituciones, con el objetivo de garantizar una ruta legal y asistencial adecuada, bajo un enfoque de derechos y de protección integral.
La Prensa también conoció que luego la directora de la entidad despidió a por lo menos 17 personas vinculadas a la supervisión de los albergues.
