La alcaldesa de Arraiján Stefany Peñalba, sumó un nuevo frente detractor. Se trata de una de las diputadas de su área: Shirley Castañeda, del oficialista Realizando Metas (RM).
En el periodo de incidencias del pasado viernes 27 de marzo, Castañeda acusó a Peñalba de “abuso y extralimitación de funciones”.
La diputada responsabilizó a la alcaldesa por la demolición de algunos establecimientos comerciales ubicados en el perímetro de la rotonda de Burunga.
Indicó que, hasta el momento, más de 200 personas que dependen de estas actividades económicas se han visto afectadas. “No son solo estructuras”, dijo, al tiempo que añadió que se trata de panameños humildes y trabajadores que cumplen con el pago de sus impuestos.
La diputada también expresó que se comunicó con el Ministerio de Obras Públicas (MOP), donde —según indicó— se le informó que el Municipio de Arraiján envió una nota el pasado 16 de marzo solicitando acompañamiento para una diligencia de “liberación de servidumbre en esta área”, prevista para los días 30 y 31 de marzo de 2026.
Sin embargo, de acuerdo con Castañeda, el MOP respondió que no podía atender la solicitud, ya que la institución “no ha iniciado un proceso de remoción de estructuras en servidumbre vial”.
“Ella no está por encima de la ley”, expresó la diputada, al señalar que, pese a esta respuesta, la alcaldesa continuó con el proceso de desalojo y demolición de comercios.
Llamado al Ministerio Público
Castañeda también hizo un llamado al procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, para que inicie “las investigaciones necesarias”.
Además, aseguró que en el Ministerio Público existen varias denuncias contra Peñalba, por lo que pidió que se hagan los trámites pertinentes para garantizar el respeto de las “garantías y los derechos”, así como determinar las responsabilidades correspondientes.
Respuesta de la alcaldesa
La Prensa llamó a la alcaldesa Stefany Peñalba; sin embargo, no se obtuvo respuesta.
No obstante, a través de sus redes sociales, Peñalba indicó que en febrero se inició el desmonte voluntario de los comercios ubicados en la rotonda de Arraiján cabecera, con la colaboración de los propietarios.
Según explicó, esta cooperación es resultado de una reunión sostenida con los comerciantes el 23 de enero del presente año.
La alcaldesa también señaló que algunos propietarios subarriendan los locales a otros comerciantes, pese a que estos se encuentran en servidumbre pública. Afirmó, además, que se cobran alquileres de entre 300 y 700 dólares de forma ilegal. “Esto es peculado”, manifestó, y agregó que, una vez cuente con la documentación necesaria, presentará la denuncia ante el Ministerio Público.
Asimismo, indicó que algunos negocios cerraron con deudas superiores a los 5 mil dólares con la alcaldía y mantenían más de cinco avisos de operación del Ministerio de Comercio e Industrias sin inscribirse en el municipio, lo que, según dijo, implica evasión de impuestos. Entre estos mencionó consultorios jurídicos.
Peñalba precisó que cada uno de los locales cuenta con una resolución que establece que “el municipio, con el solo aviso, podrá solicitar en cualquier momento el desalojo, demolición, desarme o remoción de la estructura ubicada en esta área de servidumbre pública”.
Todo esto —añadió— para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 55 del 12 de noviembre de 2009 y la Ley 106 del 8 de octubre de 1973. El primero reglamenta el uso de las aceras y la ocupación transitoria de las vías públicas, mientras que la segunda establece que los consejos municipales regularán la vida jurídica de los municipios.
Agregó que en la zona se identificaron 31 negocios y que el proceso se realiza con base en el Decreto Alcaldicio 7 de 2014, el cual establece que, cuando el Estado o el municipio lo requiera, podrá hacer uso del espacio público sin que medie reclamo o indemnización, dado que las servidumbres no pueden ser objeto de apropiación privada.
