Diputado Betserai Richards acusa a la Corte de enviar ‘mensaje de impunidad’ al archivar demanda contra ‘Bolota’ Salazar por agresión

El diputado Betserai Richards criticó con dureza la decisión del pleno de la Corte Suprema de Justicia que archivó la demanda por agresión física que interpuso contra su colega Jairo Bolota Salazar. Richards aseguró que la Corte actuó con “informalidad” al no notificarlo formalmente sobre la resolución.

“Me sorprende la informalidad con la que la Corte Suprema de Justicia actúa en un caso tan delicado como este”, declaró Richards. “Ni siquiera hemos sido notificados de manera formal, solo nos hemos enterado por lo que se ve en los medios de comunicación”, añadió.

El diputado de la bancada Seguimos expresó su preocupación por el precedente que establece esta decisión: “Manda un mal mensaje, un mensaje de impunidad a la ciudadanía que no es el correcto. Hoy existen dos tipos de justicia: la justicia de los ciudadanos de a pie y la justicia de los políticos a los cuales no se les llega y no se toca”.

Los hechos

La agresión ocurrió el pasado 21 de julio en el Salón Thelma King de la Asamblea Nacional, cuando Salazar atacó físicamente a Richards, causándole lesiones en el rostro que requirieron atención hospitalaria.

Sobre su relación actual con Salazar, Richards aclaró: “Tenemos una relación estrictamente profesional.

¿Se hablan? No, nosotros no hemos intercambiado palabras hasta este momento”. Sin embargo, recalcó que “fuimos electos para solucionar los problemas de los panameños, no para estar peleando entre nosotros”.

La Corte fundamentó su decisión en los artículos 487 y 488 del Código Procesal Penal, que establecen la necesidad de aportar pruebas idóneas para investigar a diputados. El fallo unánime, bajo la ponencia de la magistrada María Cristina Chen Stanziola, ordenó el archivo de la denuncia por considerar que no existían méritos suficientes para proseguir la causa penal.

El conflicto entre ambos diputados tiene antecedentes en las investigaciones sobre el manejo de fondos estatales, particularmente los 14 millones de dólares vinculados a la “descentralización paralela” que habrían terminado en manos de Salazar.


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