Un día después de que la embajadora de Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte, urgiera a la Asamblea Nacional a aprobar el proyecto de ley sobre extinción de dominio de bienes ilícitos, el presidente de la Comisión de Gobierno de este órgano del Estado, Leandro Ávila, manifestó que entiende a la diplomática, pero que “ella debe comprender que esa es una decisión que tomamos los panameños en la medida de nuestras necesidades”.
El diputado perredista recordó que la propuesta de ley que presentó el ministro de Seguridad, Juan Pino, a la Asamblea en abril de 2021, se encuentra en evaluación por parte de una subcomisión legislativa. “Debemos recordar que la Asamblea no está en funcionamiento. Sin embargo, esta subcomisión ha trabajado en este periodo de receso” de sesiones ordinarias, dijo Ávila.
En ese sentido, advirtió que “nosotros vamos a hacer un proyecto al estilo panameño, no con leyes importadas de otras naciones”.
También señaló que quiere que el sector privado sepa el contenido de “lo que se nos envió a la Asamblea y conocer la opinión de ellos”.
El miércoles pasado, Aponte señaló que Panamá debe aprobar la iniciativa, por ser una herramienta para luchar contra las organizaciones criminales y el flujo de dinero ilícito.
“Panamá, en algún momento, tiene que unirse a los países del área donde tienen estas herramientas, donde puedan perseguir el dinero ilícito. Estados Unidos le urge a la Asamblea que siga su debido proceso, tenga los debates que sean necesarios pero, al fin y al cabo, aprueben esta ley”, dijo.
La embajadora aseguró que la aprobación de esta legislación “es un mensaje bien importante que Panamá puede enviar no solamente a los criminales y las organizaciones criminales; también al resto de la región y a todas esas agencias regulatorias que velan por la transparencia y el buen flujo de dinero en Panamá”.
Aponte hizo esas declaraciones a propósito de la ceremonia de inauguración de escáneres de contenedores para seguridad portuaria de Panamá. El gobierno de Panamá adquirió los escáneres con fondos de bienes incautados en el caso de lavado de dinero que involucró a la empresa Speed Joyeros, en la Zona Libre de Colón. Ese proceso se llevó a cabo hace dos décadas, gracias a una cooperación entre las autoridades de Estados Unidos y Panamá.
La subcomisión legislativa que evalúa el proyecto de ley fue creada en octubre pasado y tiene entre sus tareas analizar la propuesta del ministro Pino y hacer modificaciones. Dicha subcomisión, conformada por los diputados perredistas Víctor Castillo y Emelie García Miró, al igual que por Fátima Agrazal, de Cambio Democrático, tenía 10 días para rendir un informe, pero el documento no ha sido presentado todavía.
Esta propuesta legislativa se discute en momentos en que Panamá está en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional de países que presentan deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
