El diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino, denunció en el pleno de la Asamblea Nacional que ha recibido denuncias sobre el presunto pago de “coimas” para invalidar varias resoluciones que sancionan a buques, navíos y otras embarcaciones que pescan en zonas prohibidas.
Durante el periodo de incidencias de este lunes 20 de enero, Pérez Barboni solicitó que se enviara su intervención a Eduardo Carrasquilla, administrador general de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (Arap).
“Están incumpliendo con la ley, pero posteriormente pagan una coima y, tres o cuatro días después, las resoluciones son inhabilitadas. Esto demuestra que hay un procedimiento extraño porque hay un patrón que debemos seguir investigando”, planteó el diputado.
La Arap informó, en diciembre pasado, que firmó un convenio con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) con el propósito de coordinar, establecer y fortalecer los mecanismos de colaboración conjunta y las vías de comunicación indispensables para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
“Reforzaremos los controles de vigilancia y monitoreo; además, aplicaremos las medidas de Estado Rector de Puertos, de Pabellón y todas las medidas internacionales que desarrolla la estrategia país”, expresó Carrasquilla, según un comunicado de prensa de la Arap.
Versión de la Arap
Sobre la denuncia del diputado el administrador de la Arap explicó que el procedimiento de sanciones que aplica la entidad está definido en la Ley 204 y establece etapas específicas que abarcan desde la apertura de expedientes, pasando por la investigación preliminar, la evaluación de pruebas y la emisión de resoluciones fundamentadas, hasta los recursos de reconsideración y apelación que salvaguardan el derecho a la defensa. “Este marco legal asegura que todas las denuncias y presuntas infracciones sean gestionadas conforme a principios de legalidad y transparencia”, añadió.
Añadió que en los últimos seis meses se han gestionado un total de 25 casos sancionatorios correspondientes a buques de servicio nacional, de los cuales
Cinco de los casos en trámite, concluyeron con sanción, lo que representa $31 mil 600 en multas.
