Cuando se trata de casinos y juegos de azar, el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Raúl Pineda, exhibe dos facetas. Hoy se presenta como promotor de la prevención de la ludopatía; sin embargo, hace apenas tres años impulsaba activamente este tipo de negocios.
Este jueves 19 de marzo, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley 403, que establece medidas para el control y la prevención de la ludopatía, es decir, la adicción a los juegos de azar. La iniciativa fue presentada por Pineda y por el también diputado perredista Crispiano Adames.
En su exposición de motivos, el diputado del PRD sostiene que la adicción al juego es una problemática que debe ser atendida con urgencia y responsabilidad. Asegura que la iniciativa “representa un paso en la protección de los panameños frente a los peligros de la ludopatía”, al tiempo que busca equilibrar el derecho al entretenimiento con la necesidad de regular una industria que, sin controles, puede derivar en crisis familiares y sociales.
Hasta allí, todo parece coherente. No obstante, en 2023, cuando el PRD estaba en el poder, las actuaciones de Pineda en torno a este tema apuntaban en otra dirección, al respaldar la expansión de los juegos de azar. Además de su rol legislativo, Pineda fungía como representante de la Asamblea Nacional ante la Junta de Control de Juegos (JCJ) y estuvo vinculado a una serie de decisiones que generaron controversia.
El desacato
Por ejemplo, hace tres años la JCJ habría desatendido una decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y permitido la apertura de más salas de máquinas tragamonedas operadas por Gaming & Services, bajo el nombre comercial Fantastic Casino.
El 16 de agosto de 2023, la Sala Tercera de la CSJ declaró ilegal una “adenda complementaria” al contrato que, 28 años atrás, suscribió la JCJ con la empresa. Dicha adenda, firmada en 2009, permitió abrir 12 salas de máquinas tragamonedas tipo A adicionales a las 9 autorizadas en el contrato original.
Sin embargo, la JCJ, en lugar de acatar la decisión de la Sala Tercera, expidió una resolución el 23 de noviembre de 2023 (apenas 99 días después del fallo), lo que permitió que las 12 salas autorizadas en la adenda declarada ilegal continúen operando hasta la fecha.
La Resolución No. 51 de 2023 fue adoptada por Pineda, en representación de la Asamblea Nacional —que ocupa un puesto en la junta directiva—, junto con Jorge Luis Almengor y Gerardo Solís, entonces viceministro de Finanzas y contralor general, respectivamente, quienes conformaban el pleno de la JCJ.
Todos ellos incurrieron en desacato al ignorar el fallo de la Corte de agosto de 2023, opinó en su momento Rigoberto González.
Propuesta de ley
Ahora, Pineda vuelve al centro del debate y logra la aprobación de una propuesta que avanza en dos frentes: la prevención de la ludopatía y el endurecimiento de las medidas contra operadores digitales, aplicaciones móviles, sitios web y sistemas electrónicos que ofrezcan juegos de azar.
El proyecto de ley 403 introduce un esquema sancionatorio para los operadores de juegos de azar en entornos digitales. Establece multas que van desde $25 mil hasta $100 mil para quienes incumplan la normativa, montos que pueden duplicarse en caso de reincidencia. Además, faculta a la JCJ para ordenar la suspensión temporal o definitiva de licencias, así como el bloqueo de plataformas digitales, según la gravedad de la infracción. Serían aquellas plataformas que no están amparadas bajo las leyes panameñas.
A la par del componente punitivo, la iniciativa contempla la creación de un fondo destinado a la atención de la ludopatía. Este mecanismo será administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas en favor del Instituto de Salud Mental y se financiará con el 0.5 % de los aportes que realizan al Tesoro Nacional los operadores de juegos de suerte y azar.
El proyecto también amplía el alcance de la responsabilidad al ámbito tecnológico. Los operadores de telecomunicaciones y proveedores de internet deberán acatar de forma inmediata las órdenes de bloqueo emitidas por la autoridad reguladora. El incumplimiento podría acarrear sanciones que oscilan entre $300 mil y un millón de dólares por infracción, además de establecer responsabilidad solidaria.
El abogado Herbert Young, quien en 2023 presentó demandas relacionadas con decisiones del sector, cuestionó el proyecto al considerar que introduce nuevas cargas a una industria que ya enfrenta múltiples tributos.
Según explicó, los operadores pagan impuestos específicos al juego, impuesto sobre la renta, dividendos y un gravamen adicional creado durante la administración de Juan Carlos Varela. A su juicio, el nuevo aporte del 0.5 % incrementa la presión sobre el sector.
El abogado también advirtió que algunas disposiciones exceden el objetivo de combatir la ludopatía y señaló una contradicción en el rol de Pineda, al recordar que, durante su paso por la Junta de Control de Juegos, se permitió la expansión de salas.
Por su parte, el diputado Lenin Ulate expresó reservas frente al proyecto. Señaló que, aunque aborda un tema sensible, la iniciativa presenta vacíos y avanzó sin una revisión exhaustiva.
Ulate, quien trabajó durante 15 años en la industria del juego, sostuvo que el sector ya está altamente regulado y aporta ingresos significativos al Estado, con tasas del 12 % en mesas y 18 % en máquinas tragamonedas.
Advirtió además sobre posibles inconsistencias legales en las sanciones propuestas, que podrían superar los límites establecidos en la legislación vigente, lo que —según indicó— genera incertidumbre jurídica.
Los negocios
La relación de Pineda con el sector de las apuestas también se extiende al ámbito empresarial. Servicios Múltiples Rama, S.A., sociedad vinculada a Abraham Rico Pineda —hijo del diputado, detenido e imputado por presunto blanqueo de capitales en el marco de la Operación Jericó—, tuvo entre sus clientes a algunas de las principales operadoras del sector.
La empresa ofrecía servicios de limpieza, desinfección, jardinería y mantenimiento, y en su página web listaba a varias compañías, entre ellas Crown Casinos, Cirsa, Fantastic Casinos, Codere y el Hipódromo Presidente Remón.
Tras el escándalo, la sociedad cambió de nombre. La misma también mantuvo contratos con entidades como la Asamblea Nacional, el Idaan y el Ministerio de la Presidencia.
La industria de juegos de azar en Panamá se ha consolidado como un sector de alto peso económico, con más de un centenar de salas autorizadas y un mercado concentrado en un reducido grupo de operadores. De acuerdo con estimaciones, la actividad mueve cerca de 3,000 millones de dólares al año en apuestas, una cifra que refleja la magnitud del negocio.
