La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles 18 de marzo un traslado de partidas solicitado por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) por $1.2 millones, destinado a financiar la contratación de una consultoría legal especializada en concesiones portuarias.
La comparecencia estuvo marcada por preguntas de los diputados sobre la transparencia del proceso, la necesidad de contratar firmas externas y el uso recurrente de procedimientos excepcionales.
El director de Finanzas de la AMP, Francisco Escoffery, explicó que la solicitud ya había sido presentada semanas antes, pero debió corregirse por un tecnicismo relacionado con la naturaleza del contrato. “Este traslado fue el que trajimos hace un par de semanas, pero, por el tecnicismo de la definición de si era contrato o renovación, se resolvió y se ha vuelto a presentar como una contratación”, dijo.
Según detalló el funcionario, los fondos servirán para reforzar el renglón de otros servicios comerciales y financieros, específicamente para contratar asesoría jurídica altamente especializada. “Estamos reforzando los recursos en un millón 270 mil dólares para la asesoría jurídica muy especializada que necesitamos”, explicó ante los diputados.
El debate
El debate ocurre en un contexto más amplio que involucra la estructura del sistema portuario panameño. En el país operan cinco puertos multipropósito bajo concesión, que concentran la mayor parte del movimiento de contenedores alrededor del Canal de Panamá: Balboa y PSA Panamá International Terminal, en el Pacífico; y Cristóbal, Manzanillo International Terminal (MIT) y Colón Container Terminal (CCT), en el Atlántico. Estas terminales forman la columna vertebral del hub logístico del país y han sido desarrolladas mediante concesiones otorgadas a operadores internacionales.
Durante la sesión, la diputada Janine Prado cuestionó la necesidad de contratar asesoría externa cuando la institución ya cuenta con un departamento legal. “En la sesión anterior nos habían confirmado que tienen aproximadamente 20 abogados en la institución. Quisiera que me corroborara si esa información es correcta”, preguntó.
Los representantes de la AMP confirmaron la existencia del equipo jurídico interno, pero explicaron que la consultoría responde al nivel técnico requerido para los nuevos procesos de concesión portuaria. “La solicitud de esta consultoría se debe al alto grado técnico que requieren los nuevos modelos de concesiones y la verificación de las concesiones actuales”, indicó.
El secretario general de la AMP, Volney Guinard, amplió que el análisis abarcará precisamente esos cinco puertos multipropósito bajo concesión, algunos de cuyos contratos datan de finales de la década de 1990. “Parte del enfoque es tener un modelo de contrato de concesión adecuado a las prácticas actuales de la industria”, explicó.
Sin embargo, la discusión política y jurídica se concentra particularmente en dos de esas terminales: Balboa y Cristóbal, que durante décadas fueron operadas por la empresa Panama Ports Company. Ambas concesiones quedaron en entredicho luego de que la Corte Suprema declarara inconstitucional la ley que aprobó el contrato firmado en 1997, lo que obligó al Estado a asumir el control de los puertos mientras se define un nuevo modelo de concesión.
Guinard detalló que el equipo jurídico deberá analizar múltiples áreas del derecho. “Aquí hay derecho civil, derecho comercial y derecho constitucional, por lo que se requiere un equipo multifacético que pueda atender diversas materias”, sostuvo ante los diputados.
Procedimiento excepcional
Las preguntas de la diputada Prado también se centraron en la forma en que se seleccionará la firma consultora. El funcionario confirmó que se utilizará nuevamente un procedimiento excepcional de compra, el mismo mecanismo utilizado en 2025 para contratar asesoría similar.
La firma que se contrataría para este servicio sería Icaza, González-Ruiz & Alemán (IGRA).
Prado advirtió que el uso reiterado de contrataciones directas podría debilitar la transparencia en la gestión pública. “No quisiera que dentro de 17 o 18 meses volvamos a tener un procedimiento excepcional, sino una licitación donde todo el mundo pueda participar con transparencia”, manifestó.
La diputada también expresó preocupación por el contexto jurídico internacional que enfrenta el país. “Estamos en una situación de mayor incertidumbre jurídica y eso puede afectar la percepción de las empresas extranjeras interesadas en invertir en Panamá”, afirmó.
En ese escenario, la consultoría que busca contratar la Autoridad Marítima también apunta a revisar las concesiones vigentes, actualizar los modelos contractuales y preparar los procesos de selección de nuevos operadores, en momentos en que el país enfrenta además un arbitraje internacional derivado de la terminación de la concesión que operaba Balboa y Cristóbal.
Al cerrar su intervención, Prado insistió en que el objetivo debe ser garantizar procesos abiertos y competitivos. “El llamado es a la transparencia para que el país sea realmente el único beneficiado de estas decisiones”, concluyó.
Finalmente, el traslado de partidas fue avalado por la mayoría de los diputados de la Comisión de Presupuesto.
