Con cinco votos a favor y tres abstenciones, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley 539 que busca endurecer penas y reforzar medidas cautelares aplicables a menores de edad vinculados a delitos graves.
Se trata de reformas a Ley 40 de 1999 sobre el régimen especial de responsabilidad penal para la adolescencia.
Durante la sesión, el diputado José Pérez Barboni, de la bancada Seguimos, defendió este miércoles 29 de abril la iniciativa al señalar que surge como respuesta a situaciones de criminalidad juvenil registradas en distintas regiones del país.
Admitió que se trata de un debate “polémico”, pero necesario, y destacó que las 25 propuestas de modificación incluidas en el texto durante la discusión fueron consultadas con el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), bajo la coordinación del Ministerio de Desarrollo Social.
Pérez Barboni sostuvo que el proyecto no solo busca sancionar, sino también “desincentivar” el reclutamiento de menores por parte de pandillas y estructuras del crimen organizado, además de proteger a los propios adolescentes del entorno que los expone a la violencia.
En su intervención, hizo énfasis que uno de los puntos centrales de la reforma es el fortalecimiento de las detenciones provisionales y las medidas cautelares, al considerar que el sistema actual permite que menores acusados de delitos graves permanezcan en libertad bajo medidas como arresto domiciliario o firmas periódicas.
Como ejemplo, mencionó el caso reciente de un menor vinculado a la muerte de un agente policial en Panamá norte, argumentando que mantener a un adolescente en su comunidad bajo medidas mínimas puede exponerlo incluso a represalias o a ser asesinado, además de poner en riesgo testigos y evidencias en investigaciones relacionadas con sicariato, pandillerismo o corrupción de menores.
El diputado también rechazó versiones que, según dijo, circularon en medios de comunicación sobre supuestas penas desde los 10 años, calificándolas como falsas.
El proyecto mantiene la responsabilidad penal a partir de los 12 años, pero establece una nueva división por edades: de 12 a 13 años, aplicando únicamente medidas de resocialización, y de 14 a 17 años con sanciones más severas para delitos de alta gravedad. Indicó que en la actualidad es a partir de los 15 años es que reciben penas más severas.
En el contenido del proyecto se contemplan penas de hasta 14 años para delitos como homicidio agravado, secuestro agravado y terrorismo; hasta 12 años para feminicidio; de 5 a 10 años para violación sexual, lesiones dolosas con resultado de muerte y tráfico ilícito de migrantes; y de 1 a 3 años para violencia doméstica y hurto agravado, bajo el criterio de proporcionalidad, según explicó.
La ley 40 establece actualmente que en los delitos de homicidio agravado la pena es de hasta 12 años; y en los casos de de homicidio doloso, el secuestro agravado y el terrorismo es máxima de diez años.
Además incorpora medidas para reforzar el sistema de centros de custodia y cumplimiento —actualmente seis en el país—, incluyendo cambios orientados a su funcionamiento como centros especializados de reeducación social y sanciones socioeducativas.
Estas modificaciones fueron discutidas con organizaciones como la Fundación Dame un Chance.
La propuesta ahora pasará a segundo debate en el pleno.
