La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional rechazó este miércoles 15 de abril el proyecto de ley que buscaba limitar el servicio de escolta oficial asignado a los expresidentes de la República, un beneficio vitalicio financiado con fondos públicos.
La iniciativa, presentada por el diputado Jonathan Vega, de la bancada Vamos, fue sometida a discusión en primer debate, pero no logró los votos necesarios para avanzar. La votación finalizó con cuatro diputados a favor y cinco en contra, por lo que el proyecto quedó rechazado, según anunció el diputado Luis Eduardo Camacho.
Votaron a favor los diputados de Vamos, Herminia E. Thompson, suplente de Roberto Zúñiga, Janine Prado, Luis Duke y José Pérez Barboni, este último del Movimiento Otro Camino. En contra votaron los diputados Luis Eduardo Camacho, Shirley Castañeda, de Realizando Metas; Didiano Pinilla, de Cambio Democrático, Raphael Buchanan y Sara Magallón, suplente de Jairo Salazar, del Partido Revolucionario Democrático.
Durante la sustentación de la propuesta, Vega argumentó que el objetivo principal era reducir el gasto estatal destinado a escoltas personales y redirigir esos recursos hacia la seguridad ciudadana, en momentos en que se reportan hechos delictivos y reclamos por mayor presencia policial en zonas turísticas y comerciales del país.
“Este proyecto de ley busca ahorrar recursos económicos al Estado, en este caso busca eliminar el gasto de privilegios para redirigir a los agentes de seguridad ciudadana, en este caso SPI, que son los que ven el servicio de escolta”, expresó el diputado, señalando que la norma vigente tiene más de 28 años sin ser actualizada.
Vega sostuvo que, mientras se mantienen agentes asignados a la protección de expresidentes, se registran situaciones que evidencian la falta de agentes policiales en las calles.
Mencionó, por ejemplo, la muerte de un policía en el corregimiento de El Chorrillo, así como denuncias de comerciantes del Casco Antiguo por hurtos y robos en la zona.
El diputado propuso que el servicio de escoltas para quienes hayan ejercido la Presidencia sea limitado a un periodo máximo de 10 años, en lugar de mantenerse de manera vitalicia, como ocurre actualmente.
Además, presentó estimaciones sobre el costo anual de estas asignaciones. Según indicó, cada escolta representa un gasto aproximado de 48 mil dólares al año. Bajo ese cálculo, si seis expresidentes cuentan con dos escoltas cada uno —lo que equivaldría a 72 funcionarios en total— el Estado estaría destinando unos 3.4 millones de dólares anuales para este servicio.
“Esto es una inversión social versus privilegio”, afirmó Vega, señalando que esos fondos podrían utilizarse para becas universitarias, equipamiento de centros de salud o reforzar la seguridad en áreas de alta circulación turística.
Como referencia, mencionó casos internacionales de exmandatarios que han renunciado a su protección oficial o cuyos gobiernos han reducido esos esquemas de seguridad, citando ejemplos como el expresidente mexicano Vicente Fox, el caso de Sri Lanka y el expresidente estadounidense Richard Nixon.
Sin embargo, el diputado Luis Eduardo Camacho manifestó su rechazo al proyecto y reiteró que considera negativa la propuesta. Aunque reconoció que el Servicio de Protección Institucional (SPI) requiere una revisión sobre la cantidad de agentes asignados y sus funciones, advirtió que eso no debe traducirse en disminuir la seguridad de expresidentes.
Tras la votación, el proyecto quedó archivado en la comisión, cerrando por ahora el intento de reformar el sistema de escoltas vitalicias para exmandatarios.
“Lastimosamente fue rechazado en primer debate”, dijo Vega.
