El monto que pagará el Tribunal Electoral (TE) en seguros para sus funcionarios volvió al debate en momentos en que dos de los magistrados de la institución sustentaban el presupuesto con el que pretenden trabajar en 2027.
El hecho ocurrió en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional durante la noche del lunes 17 de agosto, cuando los magistrados Narciso Arellano y Luis Guerra Morales respondieron preguntas de los diputados sobre la manera como se distribuirá el dinero. El presupuesto que le recomendó el Ministerio de Economía y Finanzas al TE es de $162,242,523.
El gasto total en la partida de seguros asciende a $1,777,367. De esos, $1,299,000 son para cubrir la póliza de atención médica privada (plan médico-hospitalario), de los funcionarios, además de un seguro de vida y accidentes personales.
El resto corresponde a la cobertura de la flota vehicular del Tribunal Electoral.
El primero que puso el tema sobre la mesa fue José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (Moca). “¿Se sigue ofreciendo el seguro de vida y automóvil para los colaboradores del Tribunal?”, preguntó.
Respondió el magistrado Guerra: “El de auto no lo tenemos. El de vida sí”, manifestó.
La empresa proveedora del servicio es Pan-American Life Insurance Group, según explicó el magistrado Guerra.
“El Tribunal Electoral tiene cualquier cantidad de funcionarios con 60 años que tienen enfermedades crónicas y esa aseguradora los cubre”, contó Guerra ante los diputados al momento de justificar el contrato con esta compañía.
Según el magistrado, este gasto tiene su fundamento legal en el artículo 9, numeral 7, de la Ley 5 de 2016 (Ley Orgánica del TE), que faculta al pleno de la institución a mantener dichas pólizas según la disponibilidad presupuestaria.
Además, aclaró que el tribunal no sufraga la totalidad del costo, sino que se maneja bajo un esquema de pago compartido (50% la institución y 50% el funcionario).
Pérez Barboni preguntó: “¿Por qué el tribunal se crea esta atribución para otorgar el seguro?”.
Guerra contestó: “Ah, yo no sé… no estaba aquí cuando se hizo la ley, diputado”.
El diputado de Moca cuestionó entonces que se creaba “un privilegio” que las otras instituciones no tienen.
Pero Guerra insistía: “Yo no estaba cuando se hizo la ley. No lo veo como un privilegio de absolutamente nada. Somos una institución que nos preocupamos frente a los bajos salarios de nuestros colaboradores”, sustentó.
Diputado Duke advierte sobre la contradicción
Por su parte, el diputado Luis Duke, de la bancada Vamos, fue más enfático al sustentar la contradicción de aprobar estos gastos mientras los hospitales públicos nacionales carecen de insumos básicos y presupuesto suficiente.

Duke recordó que ha presentado iniciativas legislativas para prohibir que las instituciones utilicen fondos del Estado para pagar seguros privados a sus funcionarios.
Al igual que Pérez Barboni, manifestó que no deben existir “fueros ni privilegios” en el servicio público.
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Ante las críticas, el magistrado Guerra defendió el seguro como un incentivo necesario para retener el talento humano, especialmente considerando que muchos funcionarios perciben salarios bajos, cercanos a los $900, y deben realizar labores de alto riesgo.
“Nuestros funcionarios llegan a lugares donde solo en caballo pueden entrar, pasando hasta ocho horas cruzando ríos y montañas para garantizar que el ciudadano pueda votar”, expresó Guerra al mencionar las giras que realiza la institución en áreas como la comarca Naso Tjër Di, Darién y las montañas de Veraguas.
Otros gastos
Además de los seguros, durante la sesión, el TE justificó otros incrementos significativos.
Para el Plan General de Elecciones (Plagel) se contemplan $16,776,187, con el propósito de iniciar formalmente los preparativos de los comicios de 2029, lo que incluye el reclutamiento de hasta 40,000 ciudadanos para las mesas de votación.
El gasto en publicidad será de $2.5 millones. Según lo que explicaron las autoridades del TE, estos recursos se destinarán a educar a la población sobre el cierre del padrón electoral e impugnaciones.
Mientras que el renglón correspondiente a tecnología y ciberseguridad contempla un rubro de $22 millones en servicios comerciales y financieros para la renovación de licencias críticas (Oracle, SQL, Office 365) y la protección de los datos de identidad de los panameños, los cuales el TE custodia de forma independiente a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental por razones de seguridad nacional.
La sesión concluyó con el compromiso del Tribunal Electoral de enviar los términos de referencia de sus contrataciones de publicidad a los diputados, mientras que la Comisión de Presupuesto evaluará si recomienda ajustes a la baja en las partidas de seguros y consultorías.

