Los diputados de la bancada independiente Vamos denunciaron este martes 21 de abril que el contralor general de la República, Anel Flores, cambió el estatus laboral de un grupo de funcionarios que laboran en sus despachos dentro de la Asamblea Nacional.
De acuerdo con el diputado Luis Duke, se trata de 39 colaboradores que fueron colocados en licencia sin sueldo sin haberlo solicitado.
“No están cobrando sus salarios y eso para nosotros es grave, porque no solo se está violando un derecho de un colaborador, se está violando la institucionalidad de la Asamblea Nacional”, advirtió.
Duke explicó que cuentan con una carta dirigida al secretario general de la Asamblea Nacional, en la que se indica que las únicas personas que pueden acogerse a una licencia sin sueldo son funcionarios permanentes de la institución.
“Hay que recordar que el personal de cada uno de los diputados es eventual. Esto quiere decir que él [el contralor] está cometiendo una ilegalidad directa y pura en esta Asamblea Nacional”, sostuvo.
El diputado, acompañado por otros colegas de su bancada, señaló que han observado que varios de los funcionarios colocados en esta categoría habían adoptado posturas críticas frente a decisiones del contralor, incluyendo la firma de una demanda de inconstitucionalidad y pronunciamientos públicos sobre sus recientes actuaciones.
Asimismo, aseguró que esta medida podría estar relacionada con el proyecto que propone el uso obligatorio de etanol, al cual se oponen.
“Yo quiero señalar al contralor Bolo Flores que justo en el debate de un proyecto como el bioetanol, donde él públicamente ha señalado un claro conflicto de interés, quiere utilizar esas medidas para venir a presionar, a extorsionar y hacer que diputados tengan que votar a su beneficio”, dijo.
Su colega Roberto Zúñiga calificó como de “injusticia” la medida aplicada y aseguró que no debe existir en el país un funcionario “con superpoderes que pueda quitar los salarios”.
En tanto, el diputado independiente Augusto Palacios detalló que son ocho los despachos que se ven afectados. “Podemos dar fe que son personas que trabajan”, indicó.
Cuando el poder se usa para castigar al que disiente, deja de ser institucional y pasa a ser abuso.
— Roberto Zúñiga A. (@RobertoJZuniga) April 21, 2026
Dejar sin cobrar y con un estatus de “licencia sin sueldo” es una decisión arbitraria e ilegal.
El contralor no está fiscalizando, está pasando factura. A los 39 funcionarios se… pic.twitter.com/SeCb9bGTQz
Según Palacios, reconocer que la Contraloría tiene un papel importante de fiscalizar y el contralor es “un portero de las arcas del Estado”, pero no puede “venir a amedrentar este primer Órgano del Estado”.
La bancada independiente Vamos es la más grande de la Asamblea Nacional, con 18 diputados, y también la que mantiene menos personal contratado. En contraste, la más costosa es la del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
En 2025, por ejemplo, los diputados independientes empleaban a 142 personas, con un costo mensual de $304,450 en salarios. En comparación, los 12 diputados del PRD mantenían una planilla de $1.2 millones, con alrededor de 700 funcionarios.
Habla el presidente
Jorge Herrera, presidente de la Asamblea Nacional, reveló que sostuvo una reunión con los diputados independientes y que acordaron iniciar una investigación interna para conocer en detalle cada caso.
“No puedo decir que se trate de una extorsión. Solo puedo decir que esta Asamblea no ha enviado a ningún funcionario a licencia sin sueldo”, aseguró.
Contraloría admite retención de salario
Horas más tarde, la Contraloría General de la República emitió un comunicado para rechazar los señalamientos de los diputados. Sin embargo, admitió que se ha aplicado la suspensión de pagos a determinados funcionarios de la Asamblea.
“La institución aclara que dichas acciones no responden a decisiones arbitrarias ni a motivaciones políticas”, sostuvo.
La entidad explicó que tiene la obligación de verificar que todo pago se sustente en el cumplimiento efectivo de las funciones asignadas y en los mecanismos de control establecidos, especialmente en lo relacionado con el registro de asistencia y puntualidad de los servidores públicos.
Además, informó que elevó una consulta a la Procuraduría de la Administración sobre la excepción del marcaje de asistencia para funcionarios de la Asamblea.
En su respuesta —según la Contraloría— la procuradora señaló que el artículo 161 del Reglamento de Administración de Recursos Humanos de la Asamblea Nacional establece que únicamente el presidente en ejercicio y el secretario general, de manera separada, pueden exonerar del registro obligatorio de asistencia a los funcionarios.
“No obstante, la Contraloría ha podido verificar que dicha disposición no se ha cumplido en determinados casos”, destacó.
