El debate sobre el uso de fondos públicos para pagar seguros privados de funcionarios irrumpió este lunes 1 de septiembre en el pleno de la Asamblea Nacional.
El tema, que ya había generado cuestionamientos en la opinión pública, volvió a escena tras las intervenciones de los diputados de la bancada Seguimos, Ernesto Cedeño y Betserai Richards, quienes coincidieron en que estas partidas representan un privilegio injustificado dentro de la administración del Estado.
Como se recordará, la semana pasada se dio a conocer que el Órgano Judicial y el Tribunal Electoral pagaban seguros privados a sus colaboradores. Además, a través del portal PanamáCompra se confirmó que otras cinco entidades también realizan esta práctica.
El cuestionario
Cedeño abrió la discusión con un discurso dirigido directamente al ministro de Salud, Fernando Boyd, y al director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon.
Aseguró que, mientras la población enfrenta deficiencias en hospitales y centros de salud, resulta incongruente que instituciones del Estado destinen recursos a costear seguros privados para sus funcionarios.
“El que quiera un seguro privado, que lo pague con su dinero”, sentenció el diputado.
En su intervención, Cedeño planteó un cuestionario que espera sea respondido por las autoridades de salud. Entre las interrogantes destacó: cuál es el plan para mejorar la atención en hospitales y centros de salud, cuándo se alcanzará un abastecimiento del 100% de medicamentos y si se está pagando de manera efectiva el sobretiempo a los médicos.
El diputado recalcó que, sin respuestas claras, la crisis sanitaria continuará impactando a los usuarios.
El parlamentario aprovechó para anunciar la presentación de un anteproyecto de ley que busca prohibir la inclusión en los presupuestos públicos de partidas destinadas a seguros privados para funcionarios.
Privilegios
La propuesta de Cedeño encontró respaldo inmediato en la voz del diputado Betserai Richards, quien también cuestionó la existencia de privilegios.
Richards enfatizó que, mientras los panameños esperan largas horas en salas de urgencias, magistrados con salarios de hasta 14 mil dólares o ministros con ingresos de 7 mil dólares reciben seguros privados financiados con dinero público.
“Hay un contrasentido”, expresó Richards. “El Estado es quien debe garantizar la seguridad social y la atención médica de calidad. Pero, cuando usamos plata de todos los panameños para pagar seguros privados, estamos promoviendo fueros y privilegios”.
Recordó, además, que la Constitución establece con claridad que no deben existir estos beneficios exclusivos en la función pública.
El diputado oficializó su rechazo a que el presupuesto de 2026, actualmente en discusión, incluya recursos para costear seguros privados de altos funcionarios. A su juicio, quienes perciben elevados salarios tienen la capacidad de asumir por sí mismos el pago de una póliza médica.
Una revisión al portal PanamáCompra revela que, entre el 1 de enero de 2024 y la fecha, al menos siete instituciones del Estado han destinado parte de su presupuesto anual a la contratación de seguros colectivos de salud y vida para sus colaboradores.
El diputado de Vamos, Luis Duke, también presentó un proyecto de ley con el objetivo de prohibir el uso de fondos públicos para el pago de seguros privados destinados a funcionarios del Estado.
La iniciativa busca limitar este tipo de privilegios financiados por el erario, argumentando que los recursos del Estado deben priorizar servicios esenciales para la población y no beneficios particulares de quienes ocupan cargos públicos.
En la lista figuran entidades de peso como el Órgano Judicial, el Tribunal Electoral, el Metro de Panamá, la Autoridad del Canal de Panamá, Transporte Masivo, el Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad, que en conjunto han comprometido 168.9 millones de dólares para este rubro, una cifra que reabre el debate sobre privilegios y uso de fondos públicos.
