En la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el viceministro de Seguridad, Luis Felipe Icaza, defendió este jueves 14 de agosto un traslado de partida por $6.9 millones para el equipamiento de la Policía Nacional.
El plan contempla la compra de 32 mil uniformes —con un precio de referencia de $157 cada uno— y 17,500 pares de botas, valorados en $111 la unidad.
Icaza advirtió que la institución enfrenta un “déficit crítico de equipamiento operativo”, una situación que, según dijo, compromete la capacidad de respuesta y las condiciones laborales de las unidades en el terreno. La reposición, insistió, es urgente para garantizar que los agentes cuenten con la indumentaria adecuada para sus labores.
La Comisión de Presupuesto aprobó traslados de partidas al @minsegpma por B/.11.4 millones qué serán utilizados para combatir el delito de blanqueo de capitales y a su vez reforzar la capacidad operativa del personal a travez de la adquisición de uniformes y calzados. pic.twitter.com/EAWRioUyU1
— Asamblea Nacional (@asambleapa) August 15, 2025
El viceministro aseguró que la última adquisición de uniformes y botas para la Policía Nacional se realizó en 2018, lo que ha provocado un desgaste considerable del equipo existente.
La inversión, añadió, busca cerrar esa brecha y asegurar que cada miembro de la fuerza reciba dotaciones completas y en óptimas condiciones.
El debate en la Comisión de Presupuesto se tornó más intenso cuando se planteó un traslado de $5.9 millones destinado a la compra de 400 kits de la marca Taser, el cual finalmente fue retirado por Icaza ante los cuestionamientos de varios diputados.
Los cuestionamientos
Entre los más críticos se destacaron Raphael Buchanan, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y Janine Prado, de la coalición Vamos, quienes insistieron en la necesidad de que el propio ministro de Seguridad, Frank Ábrego, compareciera para explicar los detalles de la propuesta y justificar la inversión en estos equipos no letales.
Buchanan cuestionó la especificidad de la marca, recordando que en una sesión anterior había solicitado información sobre las marcas de los dispositivos de inmovilización neuromuscular que se planeaban adquirir. El viceministro y el comisionado técnico Ernesto Robles aclararon que “Taser” es solo una marca comercial y que la compra se realizará mediante licitación pública para garantizar la participación de diferentes proveedores.
Sin embargo, la insistencia en mencionar la marca específica en los documentos oficiales generó suspicacias. Los diputados señalaron que, al existir en Panamá solo una empresa que distribuye esa marca, la licitación podría favorecer indirectamente a un único proveedor, limitando la competencia.
El precio
Otro punto de tensión surgió al discutir el precio estimado de cada kit, fijado en $2,803 Buchanan recordó que dispositivos similares habían sido adquiridos en el pasado por un precio significativamente menor.
Los representantes del ministerio aclararon que los equipos destinados a la Policía cuentan con certificaciones y características técnicas adicionales que justifican la diferencia, pero los diputados continuaron cuestionando la transparencia del proceso y la posibilidad de sobreprecio.
Tras el debate, el propio Icaza pidió a los diputados el retiro del traslado de partida para mejorar las especificaciones y que el tema sea debatido en una próxima sesión de la Comisión de Presupuesto.
