El grupo de diputados que votó a favor de los proyectos de ley 291 y 292 —presentados meses atrás por el procurador general, Luis Gómez Rudy— solicitó al pleno de la Asamblea Nacional reconsiderar su discusión.
En un informe de minoría, presentado por el diputado de la bancada Seguimos, José Pérez Barboni, y respaldado por los diputados independientes Roberto Zúñiga, Luis Duke y Janine Prado, se pide rechazar el informe de mayoría emitido por la Comisión de Gobierno, presidida por el diputado Luis Eduardo Camacho.
Además, proponen aprobar una resolución de “revocación de dictamen” para permitir el debate del proyecto de ley 292.
“Aceptar su discusión no significa aprobarlo sin reservas, sino asumir el compromiso de perfeccionarlo para que Panamá cuente con una legislación robusta, justa y acorde con los principios constitucionales y los desafíos contemporáneos de la lucha anticorrupción”, señala el informe.
La solicitud se ampara en el artículo 166 de la Constitución, que establece: “...Un proyecto de ley puede pasar a segundo debate cuando la mayoría de la Asamblea Nacional, a solicitud de uno de sus miembros, revocare el dictamen de la Comisión y diere su aprobación al proyecto”.
El martes, cinco diputados de la Comisión de Gobierno —provenientes de Realizando Metas (RM), el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD)— votaron en contra de los proyectos 291 y 292, que quedaron sin respaldo en una de las comisiones clave del Legislativo.
Votaron en contra los diputados de RM (Luis Eduardo Camacho y Shirley Castañeda), del PRD (Raphael Buchanan y Jairo Salazar) y de CD (Didiano Pinilla); mientras que los representantes de la coalición Vamos (Roberto Zúñiga, Luis Duke y Janine Prado) y del Movimiento Otro Camino (José Pérez Barboni) apoyaron las iniciativas.
El proyecto 291, denominado Ley General Anticorrupción, propone herramientas más agresivas para investigar delitos contra la administración pública, como el uso de agentes encubiertos y auditorías independientes. También faculta al Ministerio Público a actuar de oficio en casos de enriquecimiento injustificado y duplica los plazos de prescripción para delitos como peculado.
El proyecto 292 complementa estas medidas mediante reformas al Código Penal que aumentan las penas para delitos como peculado, concusión y enriquecimiento injustificado.
