Varios diputados de la Asamblea Nacional manifestaron su rechazo al anuncio del presidente de la República, Laurentino Cortizo, el pasado martes, de que todos los funcionarios que devengan $1,000 o más al mes aportarán un porcentaje al Fondo Solidario para combatir el Covid-19.
Las declaraciones fueron vertidas durante el período de incidencias, este miércoles 1 de abril. La mayoría de los diputados consideraron que es una iniciativa poco viable y que, de seguir adelante con la propuesta, corresponde a la Asamblea Nacional debatirla, ya que los salarios de los servidores públicos están regidos mediante la Ley 92 de 1974, que adopta “medidas de protección al sueldo de los empleados públicos”.
Cortizo escribió en su cuenta de Twitter que "todos los funcionarios que devengan $1,000 hacia arriba aportarán su granito de arena al fondo #PanamáSolidario, la próxima semana estaré anunciando los montos dependiendo del salario. Habrá excepciones como el personal del @MINSAPma, Fuerza Pública, educadores y otros”.
Todos los funcionarios que devengan 1,000 dólares hacia arriba, aportarán su granito de arena al fondo #PanamáSolidario, la próxima semana estaré anunciando los montos dependiendo del salario. Habrá excepciones como el personal del @MINSAPma, Fuerza Pública, educadores y otros.
— Nito Cortizo (@NitoCortizo) April 1, 2020
Cortizo no explicó cuándo se iniciará el procedimiento ni cómo. Se espera que la próxima semana haga un pronunciamiento al respecto en el Consejo de Gabinete.
El Código de Trabajo no se le aplica a la gran mayoría de los servidores públicos, salvo aquellos casos en que trabajen para empresas estatales. Según las normas de Carrera Administrativa, existen algunas situaciones, muy limitadas en las que el Código de Trabajo puede ser una norma de derecho supletorio aplicable a los servidores públicos.
La deducción salarial que Cortizo está promoviendo, requeriría la aprobación de una ley para estipular la deducción obligatoria a los servidores públicos que perciben un salario mayor de $1,000 al mes En caso contrario, solo se podrían hacer deducciones, si los servidores públicos aceptaran de forma voluntaria, donar parte de su salario.
El diputado perredista Leandro Ávila expresó que si el funcionario va a donar al Fondo Solidario, aunque sea por tres meses, al final -según él- se convierte en “accionista”.
“Hace dos años aprobamos una ley para devolver la segunda partida del décimo tercer mes que hace 43 años se le había quitado a los servidores públicos y privados”, dijo Ávila, en el periodo de incidencias.
Ávila, quien fue presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep), añadió que una medida como esa debe ir en función de los ingresos del Estado.
“Si estos disminuyen seriamente, entonces hay que hacer una discusión aquí en la Asamblea sobre los salarios de los funcionarios, porque los salarios son ley de la República… Un salario de mil a dos mil quinientos no son salarios de los poderosos ni de los ricos, ni de los políticos influyentes. Son salarios de un profesional que ha trabajado duro", remarcó.
Puntualizó que de llegar una propuesta sobre el tema a la Asamblea, "el rango tiene que ser superior a los $2,500”.
"Es totalmente ilegal e institucional descontarle algún salario a los trabajadores del sector público o del sector privado", señaló el diputado Luis Ernesto Carles.
— La Prensa Panamá (@prensacom) April 1, 2020
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El panameñista Luis Ernesto Carles sugirió que si hay que donar salarios, que se empiece por aquellos altos, como el de los administradores del Canal y de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), que ganan $26 mil y $18 mil al mes, respectivamente. Carles cree que también habría que hacerlo con los bancos estatales e, incluso, el sector privado.
“Estamos en momentos de solidaridad ante una pandemia mundial. Muy diferente sería que se establezcan descuentos voluntarios sobre aquellos funcionarios que ganamos más y que podía establecerse a nivel de gerente general de empresas públicas, toda la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, el presidente, los ministros, los diputados, los magistrados …", expresó.
Zulay Rodríguez, también del PRD, dijo que no sabe quién está asesorando al presidente, pero esa propuesta no es legal y no es constitucional. “No podemos atentar contra un salario de los funcionarios… Señor presidente, esos asesores no lo están aconsejando bien; escuche al pueblo”, dijo.
El pasado martes, en el segundo debate del proyecto 281, los diputados rechazaron la propuesta del independiente Juan Diego Vásquez, que establecía que se facultara al Ministerio de Economía y Finanzas, en conjunto con la Contraloría General de la República, para limitar el pago a aquellos funcionarios cuyo salario mensual sea de más de $2,500. Los montos excedentes de estos salarios formarían parte de un fondo solidario destinado a mitigar la situación económica nacional. La mayoría de los diputados tampoco compartió esta idea.
No obstante, sí aprobaron el proyecto 296, que permite al Ejecutivo usar los activos del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) como instrumento financiero para enfrentar la emergencia sanitaria. Si este proyecto llega a ser Ley, el Estado deberá abrir en el Banco Nacional una cuenta bancaria de propósito específico, con el fin de dar viabilidad económica a las medidas que se tienen que adoptar para enfrentar la pandemia, entre ellas, el plan Panamá Solidario.
“Las personas naturales o jurídicas podrán aportar fondos a la cuenta creada y el monto aportado será deducible al 100% dentro de la declaración de renta del año siguiente a su aporte realizado”, dice la iniciativa.
El anuncio de Cortizo también ha hecho estallar las redes sociales. Tras escribir sobre la propuesta en la cuenta de Twitter, el mensaje ha tenido 190 retuits y 539 “me gusta” y más de 100 comentarios en contra.
