La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional no avaló un traslado de partida solicitado por Mi Bus para saldar una deuda de $369 mil 150 con la empresa Global Business Development Company Corp, cuyo propietario es Virgilio Periñán Herrera, hijo de Balbina Herrera, secretaria general del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Global Business Development prestó servicios de custodia y vigilancia a Mi Bus y, según explicó Carlos Sánchez Fábrega, gerente de la entidad, la relación contractual entre ambas partes se inició en 2019, durante el gobierno de Juan Carlos Varela, se mantuvo durante la administración de Laurentino Cortizo y concluyó en febrero de 2025. No obstante, durante la discusión en la comisión se precisó que la empresa obtuvo el contrato mediante un proceso de licitación pública.
Las críticas
Fábrega respondió preguntas de los diputados Neftalí Zamora y Manuel Samaniego de la bancada Vamos, quienes hablaron de supuesto conflicto de interés y de tráfico de influencias política para obtener contratos con el Estado.
Mi Bus pagaba mensualmente $34,500 a la empresa de Virgilio Periñán. No obstante, Sánchez Fábrega explicó que la relación concluyó en febrero de 2025 y actualmente la entidad asume directamente la vigilancia de cada una de los patios de la institución.
Sin embargo, persisten obligaciones contractuales previas que deben ser saldadas para concluir el proceso administrativo de cierre del contrato.
Benicio Robinson, diputado suplente de su padre, Benicio Robinson, presidente del PRD, cuestionó las críticas a la contratación. “Se habla de nombres, de indicios, de personas que yo conozco y que son profesionales. ¿Por qué, por ser políticos, no tendrían derecho a licitar con el Estado? Eso es irresponsable. Siguen levantando indicios que no tienen sustento”, manifestó.
Sánchez Fábrega explicó que el contrato, adjudicado mediante licitación pública, se pactó durante el gobierno de Juan Carlos Varela, cuando él se desempeñaba como gerente de Mi Bus. No obstante, precisó que la ejecución del contrato correspondió en su totalidad al gobierno de Laurentino Cortizo.
El contrato fue pactado por un plazo de 36 meses y su vigencia concluyó en julio de 2022. No obstante, posteriormente se aprobó una adenda que lo extendió por 50 meses adicionales.
Al momento de la votación, Mi Bus no obtuvo el respaldo de los diputados para avalar la partida. De hecho, ninguno de los traslados que sustentó Fábrega fueron aprobados por la Comisión de Presupuesto.
