La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional decidió suspender la discusión del traslado de partida por 30 millones de dólares solicitado a favor de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), luego de que varios diputados cuestionaran la falta de información detallada sobre el destino final de los fondos.
La sustentación del traslado fue presentada por Wilfredo Ríos, secretario general de la AND, quien acudió ante la comisión para justificar la solicitud, señalando que se trata de recursos vinculados a la recaudación del Impuesto de Bien Inmueble (IBI), los cuales —según explicó— deben ser distribuidos a los municipios conforme lo establece la ley, “sin margen para discrecionalidad”.
Durante el debate, la diputada de la bancada Vamos Janine Prado expresó su preocupación por el hecho de que el traslado provenga del renglón del servicio de la deuda, recordando que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyectó para 2026 un ahorro de 195 millones de dólares en ese rubro, pero advirtió que parte de esos fondos ya han sido utilizados para otros traslados, como los aprobados para el Metro de Panamá y el Ministerio de Salud.
“Estamos pellizcando parte de esos ahorros antes de recibirlos”, cuestionó Prado.
Además denunció que el Estado mantiene una deuda acumulada de aproximadamente 500 millones de dólares con los gobiernos locales, producto —según dijo— del incumplimiento de la normativa que obliga a transferir el dinero recaudado del IBI hacia los municipios.
La diputada independiente manifestó que, aunque reconoce la necesidad de que los recursos lleguen a las comunidades, no respaldaría el traslado sin que se entregue un desglose claro de cuáles municipios recibirán fondos y bajo qué montos específicos.
“Son 30 millones que podrían hacer magia en agua potable en este país, pero no puedo aprobar un documento simple que no detalla hacia dónde irá el dinero”, sostuvo durante su intervención.
En respuesta, Ríos defendió que la distribución se realiza en función de la recaudación del IBI reportada por la Dirección General de Ingresos (DGI) y bajo una “fórmula solidaria” que incluye criterios como territorio y población.
También recordó que la ley establece que el fondo debe destinarse principalmente a inversión, con límites específicos para funcionamiento.
Sin embargo, el funcionario admitió que en ese momento no contaban con el listado completo de asignación por municipios, lo que reforzó las críticas sobre la falta de documentación formal presentada ante la comisión.
La diputada insistió en que, sin un informe escrito, la discusión queda en declaraciones sin trazabilidad y sin garantías de rendición de cuentas, por lo que recomendó retirar temporalmente el traslado hasta que se entregue la información detallada.
El debate también contó con la intervención del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, quien respaldó el principio de la descentralización y defendió el papel de los municipios y juntas comunales, pues él mismo ha sido representante de corregimiento y alcalde.
Herrera reconoció que existe desconfianza por el historial de manejos cuestionados en años anteriores, pero aseguró que no se puede generalizar ni castigar a todos los gobiernos locales.
“Una cosa es defender que los municipios reciban los fondos, y otra es que se les dé mal uso. Son dos temas distintos”, dijo.
Además, explicó que existen distintos programas dentro del sistema municipal —como el IBI y el PIOPS (Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales)— y recalcó que históricamente ningún gobierno ha transferido el IBI completo durante los últimos siete años.
También sostuvo que gran parte de los municipios dependen de subsidios estatales debido a su baja capacidad de recaudación.
Herrera coincidió en que debe existir mayor claridad sobre la distribución de los 30 millones y pidió que se explique públicamente qué municipios serán beneficiados, para evitar interpretaciones erróneas y especulaciones.
Ante la presión de los diputados, el director solicitó la suspensión y los diputados aprobaron la moción, por lo que el traslado quedó para la próxima sesión, programada para los próximos días.
