Diversas organizaciones de la sociedad civil anunciaron este martes 3 de enero que presentarán en los próximos días acciones judiciales contra la Ley 351 de 22 de diciembre de 2022, que modifica la ley orgánica de la Contraloría General de la República.
“Expresamos nuestra preocupación y rotundo rechazo a esta norma ya que viola la Constitución al crear fueros y privilegios para los funcionarios de la Contraloría”, señala un comunicado firmado por el Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM), Centro de Incidencia Ambiental (CIAM Panamá), Civitas Panamá, Consejo de Ex Presidentes de Gremios de Panamá, Fundación Espacio Cívico, Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana - Transparencia Internacional Panamá, Movimiento Ciudadano Anticorrupción, Movimiento Independiente por Panamá (MOVIN), Movimiento Panamá Joven y la Red Nacional de Jóvenes por la Transparencia.
Esta nueva legislación también modificó la Ley 67 de 2008 que regula la Jurisdicción de Cuentas.
De acuerdo a las organizaciones, Ley 351 “debilita la institucionalidad panameña” en materia de prevención y sanción de la corrupción pública, al otorgarle al Contralor General “poderes discrecionales que le permitirá decidir, sin contrapeso alguno, qué investiga o deja de investigar”.
Luego de conocer la posición de estas organizaciones, el contralor Gerardo Solís envió una nota en la que invita a estos grupos a una reunión en la institución.
La nota señala que invita “públicamente a dichas organizaciones de la sociedad civil para escuchar sus aprensiones y plantearles razonadamente las bondades y ventajas de la nueva ley”.
El pasado mes de diciembre el mandatario Laurentino Cortizo sancionó la ley tras catalogarla como “oportuna” y “necesaria”, para la actualización y modernización del Estado panameño.
La nueva norma permite que el contralor pueda aprobar o archivar los informes de auditoría y las investigaciones, ‘según a su criterio’.
