En las costas de Punta Chame, en la provincia de Panamá Oeste, el ambicioso proyecto turístico denominado “Casa Club de Playa”, promovido por la sociedad Megamar Corp., se encuentra hoy en el centro de una compleja trama legal, ambiental y administrativa que ha encendido las alarmas de las autoridades.
Las irregularidades detectadas derivaron esta semana en la imputación de siete personas por su presunta vinculación con la extracción ilegal de arena y con daños ambientales asociados al desarrollo del proyecto inmobiliario y turístico.
De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, las inspecciones realizadas en el área permitieron identificar múltiples anomalías, entre ellas la ejecución de obras fuera de las zonas previamente aprobadas, la afectación directa de manglares y de áreas utilizadas como sitios de desove de tortugas marinas, así como la remoción de arena en sectores costeros protegidos.
Las autoridades advirtieron que estas intervenciones habrían alterado ecosistemas altamente sensibles del litoral, lo que motivó la apertura de un proceso judicial contra los implicados.
Cronología
La historia de este desarrollo comenzó formalmente el 28 de septiembre de 2016, cuando la sociedad Megamar Corp. obtuvo la aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) categoría I mediante la resolución DRPO-AEIA-RES-IA-186-2016.
En los documentos que reposan en el Ministerio de Ambiente aparece como representante legal en aquel entonces Riad Salim El Hayek Tony. El permiso otorgado se limitaba a una hectárea específica dentro de una finca de más de 22 hectáreas, destinada a infraestructura básica como restaurante, piscina y áreas de atención al usuario.
Aunque el estudio de impacto ambiental fue aprobado, el proyecto no se desarrolló en ese momento. No fue sino hasta 2022 cuando los promotores enviaron una nota al Ministerio de Ambiente en la que manifestaban su interés de reactivar la obra. Ante esta solicitud, la entidad les informó que el estudio ambiental se mantenía vigente y que cualquier modificación al proyecto debía ser notificada previamente a la institución.
Este último episodio ocurrió durante el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024). En ese contexto aparece un elemento que añade otra dimensión al caso: en los registros de donaciones de campaña del exmandatario, reportados ante el Tribunal Electoral y divulgados en su momento por este medio, figuraba como donante Riad Salim El Hayek Tony, mismo quien en 2016 se desempeñaba como representante legal de Megamar Corp.
Según los registros del Tribunal Electoral, la donación fue canalizada a través de dos sociedades: Luna Brillante S.A., que aportó 135 mil dólares, y Megapolis Investment Group Inc., con una contribución por el mismo monto. Ambas empresas estaban presididas por Riad Salim El Hayek Tony.
Las irregularidades
Tres años después, es decir, el 7 de mayo de 2025, aparece un nuevo representante legal de la sociedad, Patrocinio Boza, quien presentó una solicitud de modificación del estudio original. El objetivo era ampliar la oferta del club mediante la adición de 12 cabañas de lujo, cada una con su propio baño y jacuzzi, así como adecuaciones para personas con discapacidad, con la intención de transformar el concepto inicial en un complejo de hospedaje más robusto.
Sin embargo, las alarmas se encendieron cuando los técnicos del Ministerio de Ambiente realizaron una inspección de campo el 4 de agosto de 2025. Durante el recorrido, el personal del Departamento de Verificación del Desempeño Ambiental constató que el promotor no solo planeaba las modificaciones, sino que ya había iniciado trabajos de movimiento de tierra, relleno y nivelación en el sitio.
El hallazgo más crítico de la inspección fue la discrepancia geográfica: el área donde se ejecutaban las obras no coincidía con el polígono aprobado en 2016. Mediante el uso de equipos de alta precisión se determinó que el promotor se había excedido de los límites legales, realizando actividades en terrenos que no contaban con ninguna herramienta de gestión ambiental vigente ni con evaluación de impacto previa.
Ante esta situación, el Ministerio de Ambiente ordenó la paralización inmediata y temporal del proyecto. La entidad subrayó que el desarrollo de actividades sin viabilidad ambiental representa un riesgo directo para el ecosistema costero y constituye un incumplimiento de los compromisos adquiridos originalmente por la empresa.
Los informes técnicos de geomática reforzaron la ilegalidad de las obras al verificar los puntos GPS en el terreno. El análisis reveló que los trabajos se estaban desplazando hacia zonas de playa y arena natural que se encuentran fuera de la zona de influencia directa aprobada, invadiendo espacios que debieron permanecer protegidos según la normativa de 2016.
La gravedad
La gravedad del caso llevó a las autoridades a ordenar la compulsa de copias al Ministerio Público, con el fin de que se investigara la posible comisión de delitos ambientales tipificados en el Código Penal, elevando el conflicto de una disputa administrativa a un proceso judicial de mayor envergadura.
El desenlace administrativo ocurrió el 18 de septiembre de 2025, cuando la Dirección Regional de Panamá Oeste emitió la resolución DRPO-SEIA-RECH-005-2025. En este acto administrativo, el Ministerio de Ambiente decidió rechazar de plano la solicitud de modificación del EsIA, al considerar que los cambios propuestos generaban nuevos impactos en áreas no evaluadas y fuera del alcance legal del proyecto original.
Actualmente, el proyecto “Casa Club de Playa” permanece paralizado y bajo la sombra de la responsabilidad penal. En una audiencia de garantías múltiple celebrada el pasado 8 de marzo en Panamá Oeste, la jueza de garantías Ruth Aizpú legalizó la aprehensión de siete personas y dio por formulada la imputación por la presunta comisión de delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial.
Mientras tanto, en el Ministerio de Ambiente continúan los procesos administrativos y la entidad ha ordenado la paralización indefinida de la obra.
Este medio intentó contactar a los dos representantes legales de la empresa a los números telefónicos consignados en el estudio de impacto ambiental, es decir, Riad Salim El Hayek Tony y Patrocinio Boza; sin embargo, ninguno respondió a las llamadas. En la actualidad, la estructura directiva de Megamar Corp. está encabezada por Boza, quien figura como director, presidente, tesorero, secretario y suscriptor de la sociedad.
En la junta directiva también aparece Carolina El Hayek Farfud, quien se desempeña como agente residente y directora de la sociedad. La lista de directivos se completa con Edma El Hayek Farfud, en calidad de directora, mientras que Silverio Cedeño figura como suscriptor de la compañía, según los registros societarios disponibles.
