El cobro de $5 que el Consejo Municipal de Colón aprobó imponer a los turistas que desembarquen en sus puertos abre una discusión que va más allá del monto. El gobierno local lo presenta como una tasa vinculada al uso, la limpieza y la seguridad de las terminales, pero la Ley 106 de 1973 establece límites a la potestad tributaria de los concejos municipales.
El artículo 79 de esa normativa señala que los servicios ya gravados por la Nación no pueden ser objeto de nuevos impuestos, derechos o tasas municipales, salvo que una ley autorice expresamente ese cobro. Además, surge la pregunta: qué servicio concreto recibiría el crucerista a cambio de los $5 y si ese servicio ya está sujeto a algún cobro nacional.
De acuerdo con lo divulgado sobre el acuerdo aprobado por el Consejo de Colón, los recursos serían utilizados para seguridad, videovigilancia, ornato, parques y juntas comunales.
El alcalde de Colón, Diógenes Galván, decidió poner el cobro de $5 en pausa antes de tomar una decisión sobre el acuerdo aprobado por el Concejo Municipal. Galván anunció en TVN-noticias que convocará una mesa de diálogo para discutir la medida con los representantes de corregimiento, el Gobierno Nacional y empresarios de la industria turística. El encuentro será el paso previo para definir si aprueba o no el acuerdo que convertiría a los pasajeros de cruceros en una nueva fuente de ingresos para el municipio.
Sector turismo
El sector turístico cuestionó la decisión. Nadkyi Duque, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá, sostuvo que la medida fue tomada sin consultar al sector privado y advirtió que puede restar competitividad al país frente a otros puertos del Caribe. “Las navieras miden cada centavo y cada costo”, señaló Duque, quien considera que un nuevo cobro podría influir en las decisiones de las compañías sobre sus rutas y escalas.
Duque también advirtió que el impacto podría llegar al comercio colonense si los pasajeros deciden no desembarcar. Artesanos, transportistas, comercios y otros negocios que dependen del gasto de los cruceristas forman parte de una cadena que, según la empresaria, podría verse afectada.
“Hablar de 100 mil turistas que llegan por crucero a $5, medio millón de dólares, eso no va a solucionar los problemas de Colón”, dijo. En lugar de nuevos cobros, planteó aumentar la llegada de cruceristas y fortalecer el gasto que dejan en el país.
Víctor Concepción, presidente de la Asociación Panameña de Hoteles, consideró que la propuesta debe ser sometida a un análisis técnico antes de aplicarse. Aunque señaló que el cobro no afecta directamente a los hoteles, advirtió que sí puede tener consecuencias para la actividad turística. “Estas decisiones no podemos tomarlas a la ligera”, dijo Concepción, quien pidió escuchar a las navieras, al Gobierno y a los demás actores involucrados.
El flujo de pasajeros de cruceros que desembarcan en Panamá se ha mantenido por encima de los 300 mil al año desde 2023, con una disminución de apenas 0.3% en 2024 y un repunte de 11.5% en 2025.
Análisis legal
Para el exprocurador de la Nación, Rigoberto González, el punto de fondo no es impedir que los municipios busquen nuevas fuentes de ingreso, sino evitar que cobren sobre actividades que corresponden a la Nación o que ya están gravadas.
De hecho, explicó que la Constitución establece límites entre los impuestos nacionales y municipales precisamente para evitar la doble tributación. Recordó que disputas por cobros municipales han terminado en numerosas ocasiones en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y que sus fallos —en los que generalmente prevalece el impuesto nacional— han señalado los límites entre las potestades tributarias nacionales y municipales.
González sostuvo que la necesidad de ingresos de los municipios es comprensible, particularmente porque muchos dependen de subsidios, pero advirtió que esa búsqueda no puede extenderse a actividades sobre las que no tienen competencia.
Los abogados de la industria marítima consultados por La Prensa explicaron que los cruceros ya generan distintos pagos antes y durante su operación en los puertos panameños.
Al arribar, las navieras deben cubrir cargos como Faro y Boyas, calculados con base en el tonelaje bruto del buque, además de otros relacionados con la operación marítima. Cuando el crucero atraca, se suman los servicios portuarios por amarre, atraque, desatraque y limpieza del muelle, así como los costos de pilotos y remolcadores.
A esto se agrega una tarifa vinculada a Migración, por los pasajeros que ingresan al país. Aunque estos cobros no los paga directamente el turista, sino que son gestionados generalmente por la agencia naviera, forman parte de los costos que genera la llegada de cada crucero a Panamá.
El cobro a los pasajeros de cruceros no sería una práctica exclusiva de Colón. Otros destinos turísticos también aplican tasas o impuestos a estos visitantes, como Jamaica, Belice, Bahamas y Bermuda, sin embargo, los cargos están establecidos mediante normas nacionales y se destinan a distintos fines relacionados con el turismo, la infraestructura o el ambiente.
La diferencia que entra en discusión en Panamá no está, por tanto, en cobrar al turista, sino en quién tiene la facultad para hacerlo y bajo qué sustento legal.
