Solo 9 de los 150 nuevos licenciados en Derecho y Ciencias Políticas resultaron “aptos” para recibir su idoneidad profesional luego de que el Órgano Judicial aplicara el examen del Programa de Formación para el Ejercicio de la Abogacía. Aunque un solo examen no puede describir toda la capacidad en un ser humano, este examen no era un ejercicio común y corriente.
El mensaje fundamental del fracaso del 94% de los graduados universitarios en Derecho que desarrollaron el examen de marras, dice muchísimo sobre la calidad de la educación jurídica en Panamá y en particular representa la punta del témpano de la situación académica de la gran mayoría de las universidades panameñas. Hasta hace unas cuantas décadas, solo la Universidad de Panamá y la Universidad Santa María La Antigua ofrecían la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas. Aunque no era perfecta y distaba mucho de lo óptimo, el resultado de la formación en ambas instituciones fue el conjunto de juristas especializados en las más diversas ramas del derecho, que empujaron a Panamá hacia un mayor nivel de desarrollo y una mejor economía para todo el país.
Todo esto cambió con la proliferación de universidades autorizadas por la Universidad de Panamá. Las nuevas entidades nacieron con una oferta académica que incluía Administración de Empresas, Comunicación Social, Derecho, Docencia, Mercadeo y Publicidad y alguna otra que pudiera complementar el menú académico. Una parte importante de estas universidades nacieron con un modelo educativo sumamente flexible, fundamentado en cuatrimestres, con clases caracterizadas por largas y aburridas charlas, fotocopias, y la entrega ritual de trabajos de investigación obtenidos en internet.
La competencia entre universidades privadas se hizo sanguinaria. Aparecieron quienes ofrecían solo clases sabatinas, y más recientemente clases virtuales principalmente. Es un secreto a voces que en algunas de las universidades “S.A.” está prohibido fracasar a los estudiantes, y si un docente se pone muy exigente le espera una pelonera administrativa y probablemente la no renovación del abusivo contrato laboral.
La transformación
Por mandato constitucional la Universidad de Panamá debe supervisar la educación universitaria en el país. La hermosa premisa de la Carta Magna se inspiró en una universidad que hace ya mucho tiempo dejó de existir. La actual Universidad de Panamá tiene muchos docentes que son brillantes, así como administrativos con una hoja de vida cargada de integridad, sin embargo sus colegas menos éticos permitieron la proliferación de universidades de papel, sin bibliotecas, y en total ausencia de las condiciones mínimas para el fomento de la vida universitaria. Eran simplemente maquilas de diplomas.
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, cuyo plan de estudio estaba rezagado, cayó en la tentación y para “competir” con las universidades privadas redujo el curriculum de la licenciatura en Derecho, y de cinco años diurnos lo redujo a cuatro. En las escaleras del hermoso edificio neoclásico que alberga a la parte administrativa de la Facultad, quedaron los restos del curriculum. La selección de cuáles materias desaparecerían y cuales otras perdían horas determinó el destino de la abogacía panameña en el siglo XXI.
Como con todo lo demás, la pandemia llegó para empeorar las cosas. Todo se volvió virtual. Cuando había clases en la Universidad de Panamá se juntaban en un solo grupo decenas, quizás centenares de estudiantes del turno matutino, así como de los turnos vespertino y nocturno. En ese entorno no había espacio para el control de calidad, y los mejores docentes aplicaron una generosa consideración a todos sus estudiantes. Seguramente pasó lo mismo en las demás universidades. Esa es la generación que fracasó en el examen de la Corte.
¿En qué momento de la clase virtual se habló de debido proceso?, ¿Cuándo explicaron “eso” de la casación?, ¿Será que cuando se cayó la señal de internet o el teléfono celular quedó sin carga, algún estudiante dejó de recibir un concepto fundamental? Quizás entre todas las grietas de la educación virtual en tiempos de pandemia, perdimos como país a miles de profesionales apurados a tener un diploma con su nombre para lanzarse a la selva de concreto en busca de un trabajo, un cargo público o un cliente con una gran chequera que les endose la esperanza de movilidad social.
La Corte debería revisar el examen para afinar su redacción y eliminar cualquier ambigüedad si la hubiere. Está claro que el problema no fue el examen dado que los 150 licenciados en Derecho tomaron un curso previo, presencial sobre una amplia serie de temáticas éticas y de asuntos prioritarios en materia jurídica. El gran problema está en otra parte, en universidades mercenarias, unas capturadas por sus dueños, primeros interesados en que no haya calidad educativa, y otras instituciones, las públicas, que están controladas por clanes de profesores más interesados en preservar su poder que en servir al país. Después de todo, el examen del Órgano Judicial se hizo necesario porque era muy evidente que las universidades abandonaron su misión de formar a las y los mejores profesionales.
