El rector de la Universidad de Panamá (UP), Eduardo Flores Castro, llegó a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional con gesto serio y una carpeta llena de cifras. Era su turno para explicar por qué la principal casa de estudios superiores del país necesita más recursos en 2026 y qué significa para la educación pública el recorte recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Desde el inicio de su intervención, dejó claro el panorama: la matrícula de la UP superará los 90 mil estudiantes el próximo año y, sin embargo, el presupuesto propuesto amenaza con dejar a la institución sin capacidad para responder a esa demanda. “Es un recorte que pone en riesgo el funcionamiento de la universidad”, advirtió.
El contraste entre lo solicitado y lo aprobado se convirtió en el centro del debate. Para 2025, la UP recibió 395 millones de dólares. Para 2026, la administración universitaria pidió 410 millones, pero el MEF solo recomendó 317 millones. La brecha es de 95 millones respecto a lo solicitado y de 77 millones menos en comparación con lo vigente.
El rector explicó que la mayor afectación está en el renglón de inversiones. “Nos habían dicho que el tope era de 53 millones de dólares, pero en el presupuesto recomendado aparecen solamente 20 millones”, relató.
Según él, esas decisiones no solo son inconsistentes, sino que limitan la capacidad de crecimiento y modernización de la universidad.
Otro frente abierto es el de los ingresos corrientes. Aunque la UP calculó ingresos por 26 millones de dólares gracias a la autogestión, solo se le reconocen 13 millones. “Es contradictorio que se incentive a las universidades a generar fondos propios y luego no se les permita utilizarlos”, reclamó Flores, con tono de indignación.
Servicios personales
Los servicios personales tampoco escaparon al tijeretazo. En su exposición, el rector señaló que el presupuesto asigna 6 millones de dólares menos para sueldos fijos y 17 millones menos para personal transitorio. “Con menos recursos para contratar profesores, ¿quién dará clases en la universidad?”, preguntó, recordando que ya hoy deben cubrir a 250 docentes con fondos de autogestión.
Las cifras siguieron desplegándose como piezas de un rompecabezas incompleto. Flores advirtió que incluso el consumo eléctrico de la institución se verá comprometido, pues se le recortaron 1.9 millones de dólares, pese a que la modernización tecnológica ha elevado la demanda de energía.
Los centros regionales tampoco se salvaron. Darién, Panamá Oeste, Aguadulce, Los Santos, Soná, San Miguelito y Bocas del Toro fueron algunos de los mencionados como ejemplos de sedes castigadas con recortes que superan los 700 mil dólares. “Esas regiones son fundamentales para la descentralización de la educación superior”, dijo el rector.
La planilla
En medio de las cifras, surgió la voz de la diputada Janine Prado, quien cuestionó la proporción de personal docente y administrativo en la UP. Flores respondió que, con casi 90 mil estudiantes, la institución cuenta con 4,700 profesores y 4,500 administrativos. La relación alumnos–docente pasó en ocho años de 14 a 20, mientras que la de estudiantes–administrativos subió de 13 a 19.
Prado quiso conocer más sobre el impacto de los recortes en la planilla. El rector aclaró que la mayoría del personal transitorio corresponde a profesores contratados mediante banco de datos, un proceso que exige maestría o doctorado, concurso y producción académica durante cinco años antes de optar por la permanencia. “Ese personal es esencial para la docencia”, subrayó.
Polémica con la Contraloría
Flores también aprovechó para ventilar su controversia con la Contraloría. Recordó que la oficina de control fiscal fue retirada del campus universitario durante las protestas y nunca volvió. Además, la facultad de aprobar trámites hasta por 50 mil dólares fue reducida primero a 30 mil y luego a cero, lo que obliga a que incluso la compra de papel o bolígrafos deba gestionarse en la sede central.
Como se recordará, este año el contralor de la República, Anel Flores, cuestionó la eficiencia en el uso de los fondos públicos en la Universidad de Panamá y denunció la presencia de “clanes familiares” en esa casa de estudios superiores.
Uno de los proyectos afectados por el recorte fue el nuevo Centro Regional de San Miguelito, al cual le correspondían 17 millones de dólares para este año, pero solo recibió 3 millones. Sobre este proyecto, la Contraloría lleva a cabo una auditoría.
La diputada también quiso saber cuántos estudiantes tardan más de una década en culminar su carrera. El rector respondió que, de los 90 mil matriculados, unos 40 mil son nocturnos y al menos 30 mil trabajan mientras estudian. Calculó que alrededor de 15 mil han superado los 10 años de estudios, avanzando poco a poco.
PRESUPUESTO | El rector Eduardo Flores sustentó ante la Comisión de Presupuesto el proyecto de la @universidad_pma, cuyo monto asciende a B/.317.5 millones. De este total, B/.297.5 millones se destinarán a funcionamiento y B/.20.0 millones a inversión. pic.twitter.com/KAYRizDRFx
— Asamblea Nacional (@asambleapa) September 10, 2025
“Gracias a esa flexibilidad, incluso actuales diputados han podido completar sus estudios en la UP”, dijo.
En el tramo final de la sesión, Flores defendió la figura de la reelección por un periodo adicional en el cargo de rector. Lo hizo con una aclaración que buscaba despejar cualquier sospecha: no tiene intenciones de buscar un tercer mandato. Al menos así lo aseguró ante los diputados de la Comisión de Presupuesto.
