La reciente solicitud de asilo de Saúl Méndez en la Embajada de Bolivia, o la detención provisional del dirigente sindical Jaime Caballero, en la cárcel de La Joya, son señales de que el Estado de derecho y la democracia corren peligro, de acuerdo con Eduardo Gil, secretario general de la Confederación Convergencia Sindical, entidad militante en las manifestaciones que desarrollan agrupaciones sociales desde abril pasado en todo el país.
En entrevista con La Prensa, Gil se mostró preocupado por la situación de los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs). Al tiempo, afirma que las protestas que iniciaron contra la Ley 462, que reformó la Caja de Seguro Social (CSS), ahora también expresan el descontento con la administración del presidente José Raúl Mulino.
“Ya no solamente es por la Ley 462, sino por la actitud con la que el Presidente ha estado rompiendo con la separación de poderes, en cuanto a su injerencia en el Legislativo y la manipulación de la institucionalidad del Órgano Judicial”, apuntó.
Gil enmarcó la solicitud de asilo de Saúl Méndez como producto de “una dictadura civil amparada en la fuerza policial”, encabezada, según él, por el presidente Mulino.
“Es una dictadura civil. Eso lo hemos dejado claro, pero hasta el momento la sociedad panameña, sobre todo la profesional e intelectual, al parecer no ha tomado nota de la gravedad del asunto”.
Por otra parte, Gil señaló que los cargos contra Caballero “no tienen fundamento”, pese a que el Ministerio Público sostiene una investigación desde el 18 de marzo, basada en 20 tomos que se mantenían bajo reserva, tras una alerta de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre transacciones mayores a $10,000 en las que se apunta al dirigente.
“Hasta el momento, la fiscalía ha demostrado que los fondos supuestamente lavados provienen del Suntracs, y por lo tanto son lícitos. Tendrían que probar que provienen de un delito como secuestro, extorsión o venta de sustancias ilícitas, lo cual no corresponde”, argumentó.
¿Las protestas?
Ante las interrogantes: ¿El eventual asilo de Méndez debilitaría las protestas? ¿Se sienten acorralados los dirigentes sindicales?, Gil responde.
“Seremos clandestinos, seremos perseguidos, pero no estamos acorralados y vamos a seguir la lucha. Estamos en plena disposición de hacerle frente a la dictadura, al costo que sea”.
“Todos los opositores, todas las personas que tengan un pensamiento distinto al del presidente están en riesgo de ser anulados financieramente, acusados sin pruebas y encarcelados”, dijo Gil.
¿Acercamiento a líderes políticos?
El dirigente de Convergencia Sindical aseguró que las protestas seguirán en pie, al tiempo que indicó que se mantienen abiertos a la conversación con otros actores políticos de oposición.
“No tenemos ningún problema en conversar con quienes han aceptado participar en el juego democrático del país. El que crea en la democracia debe reflexionar sobre lo que está haciendo el presidente Mulino”, sentenció Gil.
