Eduardo Jaén, exdirector de la AIG, es designado como representante de Mulino ante el Consejo Nacional para la Innovación Gubernamental

Eduardo Jaén, exdirector de la AIG, es designado como representante de Mulino ante el Consejo Nacional para la Innovación Gubernamental
Eduardo Jaén Limnio, exdirector de la Autoridad de Innovación Gubernamental. Archivo

Eduardo Jaén Limnio fue designado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, como su representante ante el Consejo Nacional para la Innovación Gubernamental.

De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 65 de 30 de octubre de 2009, el Consejo Nacional estará integrado por “el presidente de la República o quien él designe, quien lo presidirá”. Así, Jaén quedará a cargo de dicho consejo mediante el Decreto Nº 281 del 19 de diciembre de 2024.

Jaén fue director de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) entre 2009 y 2014.

A través del Auto Mixto No. 1 de 17 de octubre de 2024, la juez Águeda Rentería, del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, dictó un sobreseimiento definitivo a favor de Jaén en el caso de la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio de la Caja de Seguro Social (CSS).

Este sobreseimiento se dio en el contexto de un proceso por la suscripción de un contrato para la compra de un software para la CSS a través de la empresa Advanced Consulting (filial de SAP).

La juez fundamentó su decisión en que el Ministerio Público (MP) no amplió la auditoría realizada al inicio de la investigación. Asimismo, señaló que correspondía a la fiscalía presentar el informe técnico para sustentar su teoría del caso y petición de enjuiciamiento.

En otras palabras, el MP debía demostrar que se había producido un desfalco al Estado, lo cual requería una evaluación técnica especializada que no se presentó.

Rentería explicó además que, si bien se logró probar la existencia de un hecho punible, la fiscalía no logró vincular de manera clara a ninguno de los imputados. Su estrategia no prosperó debido a la falta de una auditoría de la Contraloría General de la República.

Dicha investigación se inició en 2016, luego de que el agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Stuart Andrew, afirmara haber descubierto pagos en concepto de sobornos a ciudadanos panameños para la obtención de un contrato con la CSS, valorado en $14.5 millones.


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