Antes del próximo 5 de abril, los funcionarios de alta jerarquía deberán presentar ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) su declaración jurada de intereses particulares.
Con la entrada en vigencia, en febrero pasado, de la Ley 316 del 18 de agosto de 2022, que castiga el conflicto de interés, dichos funcionarios están obligados a declarar sus actividades remuneradas o no, de tipo profesional, laboral, económica, gremial, personal o de beneficencia, ante la Antai.
La Ley 316 faculta a la Antai, a cargo de Elsa Fernández, hacer efectivo el cumplimiento de la nueva norma. En ese aspecto, la entidad informó que se encuentra en el período de recibir las declaraciones de conflictos de interés y que el último día para recibirlas es el próximo 5 de abril.
Incluso, en su sitio web, la Antai ha publicado todos los pasos para presentar la declaración, la cual debe ser notariada. Además, permite que el formulario de la declaración sea descargado desde su página web.
Presentan declaración
Al menos 106 funcionarios habrían entregado sus declaraciones ante la Antai . No obstante, el sitio de la institución muestra que el formulario se ha descargado una 2 mil 959 veces.
El lunes 13 de marzo, se presentaron a la sede de la entidad los diputados independientes Juan Diego Vásquez, Edison Broce, Raúl Fernández y Gabriel Silva, para entregar sus respectivas declaraciones. Es decir, cuatro diputados de los 71 que conforman el pleno de la Asamblea Nacional.
Precisamente fue Silva quien impulsó esta ley ante la Asamblea Nacional, la cual en un principio fue vetada parcialmente por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, por considerar que algunos artículos reñían con la Constitución.
”Hoy lo bueno hace historia. Somos los primeros diputados en presentar nuestra declaración de conflicto de interés ante la Antai, según ordena la Ley 316 de 2022. Invito a mis colegas diputados y al resto de servidores a cumplir con la ley. Quien no la debe no la teme”, escribió Vásquez en su cuenta en Twitter, el pasado lunes.
Ese mismo día, la Antai, también desde su cuenta de Twitter, exhortó a “los demás servidores públicos que son sujetos obligados, continuar con este ejercicio como parte de una transparencia activa”.
Antes, el pasado 9 de marzo, hicieron lo propio varios funcionarios de la Caja del Seguro Social (CSS), entre ellos su director Enrique Lau y Edwin Salamín, secretario general de la CSS.
La Ley 316 también indica que los funcionarios deben precisar si reciben beneficios de concesiones estatales o contrataciones públicas, o si tienen vínculos a alguna sociedad que es proveedora del Gobierno. De igual forma, están obligados a comunicar si han recibido regalos en el último año, de parte de personas o empresas no vinculadas a su familia.
Los sujetos obligados
Pero, ¿quiénes son los funcionarios denominados “sujetos obligados”, que deben llenar el formulario de la declaración jurada establecido mediante el Decreto 17 de enero de 2023?
Según el referido decreto, son los ministros y viceministros; los procuradores de la Nación y de la Administración; el contralor y subcontralor general de República; los jefes de misiones diplomáticas; el defensor del Pueblo; los superintendentes de Bancos, de Seguros y de Valores, y los miembros de las juntas directivas de empresas estatales. También los alcaldes, vicealcaldes, representantes de corregimiento, gobernadores, los diputados de la Asamblea Nacional y magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La Anti deberá encargarse de registrar, verificar y custodiar las declaraciones de los funcionarios. La norma indica que la entidad contará con 60 días para verificar y determinar si la declaración jurada está debidamente presentada, pero además, “en los casos en que la Constitución y la ley establezcan un proceso especial, la Antai registrará y custodiará la información contenida en la declaración jurada de intereses y la remitirá a las autoridades competentes”.
