Durante cuatro horas, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional se convirtió en el escenario de un extenso intercambio entre diputados y la ministra de Educación, Lucy Molinar.
Allí, la funcionaria defendió los 4,861 millones de dólares solicitados para 2026, un presupuesto dividido entre programas de funcionamiento e inversión que busca, según ella, equilibrar las urgencias del presente con las necesidades del futuro.
El ambiente era solemne, pero a ratos tenso. En cada intervención, los diputados reclamaban cifras, explicaciones y compromisos, mientras la ministra respondía con un tono firme, cargado de datos técnicos, pero también de advertencias: el 7% del PIB destinado a educación, exigido por ley, es una meta “irreal”.
En el desglose de gastos de funcionamiento, que asciende a 2,800 millones de dólares, las partidas más significativas corresponden a Educación Básica General, con 960 millones, y Educación Media, con 732 millones.
A ellas se suman Transferencias al Sector Público, por 660 millones, y Dirección y Administración General, con 272 millones.
Una estructura que, a juicio de Molinar, demuestra la prioridad del Estado en los niveles obligatorios y en el sostenimiento del aparato educativo.
El capítulo de inversión, de 2,062 millones, concentra la mayor expectativa. Allí sobresalen los 1,377 millones de dólares para construcción y rehabilitación de escuelas, además de 456 millones en transferencias de capital y programas de mantenimiento, equipamiento y desarrollo tecnológico.
Sin embargo, los diputados cuestionaron que muchas de esas promesas no se materialicen en las aulas.
El debate
El debate se intensificó cuando salió a relucir la obligación legal de destinar el 7% del PIB a educación.
Sobre el papel, cumplir con esa meta equivaldría a cerca del 43% de los ingresos corrientes del Estado y una cuarta parte del gasto del sector público no financiero.
Para Molinar, se trata de una ecuación imposible: “No hay un solo renglón presupuestado sobre la base del PIB”, advirtió.
Desde el pleno de la Comisión, la diputada de Vamos, Janine Prado, tomó la palabra con tono crítico.
Recordó que, pese a tener el mayor presupuesto de la historia, el Meduca no había presentado una propuesta seria para ajustar el mandato del 7% y supeditarlo a los ingresos reales del país.
Prado fue más allá: señaló que más de 250 millones de dólares fueron trasladados a otras instituciones del Ejecutivo y que los más de 2,000 millones de inversión aún no se reflejan en la mayoría de los centros educativos.
“El presupuesto es grande en el papel, pero pequeño en el impacto”, lanzó frente a la ministra.
Molinar no rehuyó la crítica. Defendió los cambios introducidos en la gestión del ministerio: la creación de un manual de construcción que fija estándares desde el tamaño de las ventanas hasta la calidad de los baños escolares, y la implementación de una tabla de valor por metro cuadrado que evita sobreprecios.
“Antes, esos millones se iban a bolsillos de alguien; ahora están al servicio del sistema educativo”, dijo.
Algunos ejemplos
La ministra ilustró sus palabras con un ejemplo: de 70 millones destinados a 12 proyectos, se lograron ahorrar 24 millones gracias a la nueva forma de contratar y supervisar.
“No invertimos solo por cumplir un porcentaje; invertimos con reglas claras”, insistió, ante el escepticismo de algunos diputados.
Prado reconoció los esfuerzos por controlar el gasto, pero no cedió en su cuestionamiento de fondo. Trajo a colación cifras alarmantes del informe de UNICEF 2024: 120,000 niños fuera del sistema educativo; cuatro de cada cinco estudiantes de 15 años sin competencias mínimas en matemáticas, y tres de cada cinco con deficiencias graves en lectura. “La realidad es que, mientras hablamos de ahorros, miles de estudiantes quedan atrás”, dijo.
Molinar respondió señalando los objetivos trazados para 2026: alimentación escolar saludable, un rediseño curricular orientado al siglo XXI y la capacitación docente como ejes centrales. “No podemos seguir enseñando inglés con un repeat after me; necesitamos preparar a los niños con los códigos de su tiempo”, enfatizó.
Programas
Además, anunció programas complementarios como escuelas para padres, talleres de liderazgo para estudiantes y la expansión de los gabinetes psicopedagógicos. Para ella, atender las carencias emocionales de los estudiantes es tan urgente como garantizar almuerzos nutritivos: “Si no se atienden esas necesidades, no hay nadie sentado en la silla del aula”, advirtió.
Los diputados escuchaban atentos, algunos con gesto incrédulo, otros tomando notas. El debate dejaba en evidencia un dilema de fondo: cómo conciliar los límites fiscales con las demandas de un sistema educativo que arrastra décadas de rezagos.
Al final de la jornada, Molinar insistió en que su tarea es recuperar el sistema para devolverlo “al servicio de la educación y no de otras cosas”.
Pero la crónica de esta sesión no cerró con aplausos, sino con un murmullo de dudas: ¿alcanzará la disciplina financiera para transformar las aulas del país o será otra promesa más atrapada en los números del presupuesto?
