El salón de la Comisión de Presupuesto estaba cargado de murmullos y carpetas abiertas la mañana del 25 de septiembre.
Allí, en medio de la rutina de cifras y sustentaciones, la descentralización paralela se convirtió en el epicentro de un enfrentamiento político que dejó frases punzantes y gestos tensos.
La protagonista de la jornada fue la directora de la Autoridad Nacional de Descentralización, Roxana Méndez, quien acudió a sustentar un presupuesto de 192,1 millones de dólares para 2026, ligeramente inferior a los 197,5 millones del año en curso.
La exalcaldesa de la capital se presentó con documentos en mano, consciente de que las preguntas irían mucho más allá de los números.
Los diputados escuchaban con atención, algunos con expresión severa. El tema de los programas dirigidos a juntas comunales y alcaldías abrió la primera ronda de cuestionamientos.
Entre ellos emergió la voz del presidente del PRD, Benicio Robinson, curtido en batallas parlamentarias y defensor de su partido, al que pertenecen la mayoría de los alcaldes y representantes investigados por el mal uso de fondos de descentralización.
“¿Por qué usted ha cogido tanta venganza contra los representantes y alcaldes?”, lanzó Robinson, con un tono que mezclaba reproche y desafío. La sala quedó en silencio, como si todos aguardaran el contraataque.
Méndez no titubeó. Le devolvió la mirada y calificó de “equivocada” la premisa del diputado. “Qué pena que tenga esa impresión. Creo en este sistema, creo en la capacidad de los representantes y en el esfuerzo que realizan. Estamos en una política de transparencia”, replicó, dejando claro que no se reconocía en la acusación.
La exalcaldesa fue más allá: “Yo amo este sistema y por eso estoy aquí luchando por él. Pero no puedo permitir que se pierda la confianza porque algunos se aprovecharon y usaron los fondos en destinos distintos a los que necesitaban las comunidades”, advirtió con voz firme.
Sus palabras parecían dirigirse tanto a Robinson como a la opinión pública que seguía el debate.
El aire se volvió más denso cuando Robinson arremetió contra las auditorías.
“Esa auditoría de papel que usted hizo, ¿la envió a la Contraloría o al Ministerio Público?”, preguntó, insinuando que el procedimiento no se había realizado con rigor.
Méndez respondió sin titubeos: toda revisión documental fue enviada al Ministerio Público y, en varios casos, había mediado la Contraloría.
El presidente del PRD, sin embargo, insistió en que el proceso estaba invertido.
“Debieron haber comprobado con auditorías si un alcalde o representante tenía mal manejo antes de enviarlo a la fiscalía. No se puede poner los bueyes detrás de la carreta”, reclamó, apelando a una metáfora campesina.
La tensión no bajaba. Robinson sugirió que detrás de las denuncias había un propósito político: “Hay un trasfondo, no sé si político, pero se está debilitando a los representantes”, sostuvo, levantando un dedo para subrayar cada palabra.
Mientras tanto, otros diputados intervenían para marcar distancia. Janine Prado, de la coalición Vamos, reconoció el valor del modelo descentralizador, pero coincidió con Méndez en la necesidad de mayor transparencia.
“Soy una fiel creyente de los gobiernos locales, pero hay algunas autoridades con más dinero y comunidades más olvidadas. Y eso se puede cambiar con más rendición de cuentas”, puntualizó, buscando equilibrar la balanza del debate.
En cada intervención, el ambiente reflejaba no solo un choque de posturas, sino también la disputa por la narrativa: Robinson defendiendo a los suyos y cuestionando procedimientos, y Méndez reafirmando la necesidad de limpiar la imagen de la descentralización para salvarla del descrédito.
Como se recordará, el presidente de la República, José Raúl Mulino, se ha pronunciado sobre la descentralización paralela, calificándola como una de las mayores irregularidades recientes en la administración pública.
Según sus declaraciones, entre 2021 y 2024 se malversaron alrededor de 320 millones de dólares mediante este programa, que permitía transferencias directas a juntas comunales sin la supervisión adecuada.
En respuesta a estas irregularidades, el gobierno ha presentado 294 denuncias penales que involucran a 257 juntas comunales y 37 municipios, por un monto total de 213 millones de dólares en posibles malversaciones, reafirmando así su compromiso con la transparencia y el uso responsable de los fondos públicos.
