Barrio Norte, en la provincia de Colón, pasó de ser el corregimiento que más recursos recibió a través de la polémica descentralización paralela a enfrentar un inédito vacío de representación.
Durante la pasada administración (2019-2024), la junta comunal recibió $14.1 millones en transferencias del gobierno central, una cifra que la convirtió en la autoridad local que más fondos obtuvo mediante ese mecanismo de financiamiento.
Como se recordará, en las elecciones de 2019, Jairo Salazar, candidato del Partido Revolucionario Democrático (PRD), fue elegido simultáneamente representante de Barrio Norte y diputado de la Asamblea Nacional. Salazar optó por ejercer el cargo de diputado y dejó la representación del corregimiento en manos de su suplente, Javier Lynch, tal como lo establece la normativa electoral.
Sin embargo, ese millonario flujo de recursos no se tradujo en un programa de obras públicas para el corregimiento. En 2024, una respuesta oficial de la junta comunal a una solicitud de acceso a la información reveló que entre 2019 y 2024 no se ejecutaron proyectos de infraestructura porque, según las autoridades locales, las consultas ciudadanas concluyeron que la comunidad no había solicitado obras. La explicación contrastó con las condiciones de abandono que persisten en una zona donde miles de residentes enfrentan deficiencias en los servicios públicos y un marcado deterioro urbano.
La documentación entregada por la junta comunal mostraba que los recursos se destinaron a una amplia variedad de gastos, entre ellos planillas, ayudas para servicios funerarios, compra de lentes, colchones, estufas, alimentos para actividades comunitarias, materiales de construcción, publicidad y exámenes médicos.
Esa información alimentó los cuestionamientos sobre el uso de los fondos de la descentralización paralela y el impacto real de esos recursos en uno de los corregimientos con mayores necesidades sociales de Colón.
Aunque, formalmente, el representante del corregimiento era Javier Lynch, el liderazgo político de Barrio Norte continuó ligado a Salazar.
Situación legal
El pasado mes de abril, el juez de garantías Ángel Santos imputó cargos por el presunto delito de peculado y ordenó la detención provisional de Javier Lynch y del tesorero Orlando Salazar. La decisión se produjo luego de que la Fiscalía Anticorrupción presentara elementos de convicción que, a criterio del juzgador, sustentaban la posible comisión del delito y justificaban la medida cautelar debido a la gravedad de los hechos investigados.
Según la fiscalía, las presuntas irregularidades están relacionadas con el manejo de aproximadamente $6 millones transferidos a la junta comunal a través de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND).
Esta situación llevó al alcalde de Colón, Lorenzo Diógenes Galván, a solicitar orientación jurídica. Mediante una consulta formal dirigida a la Procuraduría de la Administración, pidió que se determinara si el representante conserva la capacidad legal para ejercer sus funciones o si existe algún mecanismo que permita garantizar la continuidad administrativa de la junta comunal.
Como alternativa, el municipio planteó que el alcalde asumiera temporalmente la administración de la junta comunal, al sostener que el artículo 43 de la Ley 106 lo reconoce como jefe de la administración municipal.
En medio de la incertidumbre institucional, la Procuraduría de la Administración evitó pronunciarse sobre si un representante de corregimiento detenido preventivamente puede continuar en el ejercicio del cargo.
En una respuesta firmada por la procuradora Grettel Villalaz de Allen, la entidad señaló que carece de competencia para resolver controversias relacionadas con cargos de elección popular y que esa facultad corresponde a las autoridades constitucionalmente habilitadas. La decisión dejó sin respuesta el principal interrogante planteado por el Municipio de Colón.
No obstante, juristas como el exprocurador de la Administración Rigoberto González sostienen que el Código Administrativo sí prevé una salida para estos casos. El artículo 769 dispone que, cuando un funcionario incurra en una falta absoluta y no pueda ser reemplazado por su suplente, la primera autoridad política del lugar debe designar un funcionario interino mientras la autoridad competente provee el cargo de manera definitiva.
La pobreza
La realidad de Barrio Norte contrasta con los millonarios recursos que recibió la junta comunal. Según el Censo de 2023, en el corregimiento viven 12,320 personas, muchas de las cuales aún enfrentan deficiencias en servicios básicos e infraestructura. El acceso al agua potable continúa siendo irregular.
“Si tú consigues agua el lunes, el martes no hay; el miércoles no hay; el jueves tampoco”, relató una residente durante un recorrido realizado por La Prensa en 2023.
Esa situación coincide con el diagnóstico del Plan Colmena, impulsado durante el gobierno de Laurentino Cortizo, que ubicó a Colón como la séptima provincia con mayor pobreza multidimensional del país (16.3%). El informe identificó carencias en el acceso al agua potable, rezagos educativos y precariedad del empleo.
