La Comisión de Reformas Electorales cerró sus sesiones ordinarias en medio de un nuevo debate sobre el financiamiento de la política. En ese escenario surge una pregunta inevitable: ¿cuánto le cuesta la democracia y qué resultados ha dejado ese gasto? La respuesta no es simple, pero datos del Tribunal Electoral permiten aproximarse a una cifra.
Las cifras sobre financiamiento público —que abarcan tanto la organización de las elecciones como el subsidio a los partidos— revelan la magnitud de los recursos destinados durante las últimas décadas al funcionamiento del sistema político.
Por ejemplo, en los últimos siete procesos electorales (1994-2024), el Estado panameño ha destinado 366 millones de dólares a la organización de las elecciones, un monto que refleja el crecimiento sostenido de estos recursos en las últimas décadas y que abarca únicamente la organización de los comicios. Es decir, no incluye los subsidios a los partidos políticos.
En 1994, el Estado destinó 14.6 millones de dólares para las elecciones; en 1999 la cifra aumentó a 27.4 millones, y en 2004 alcanzó 32.7 millones. El incremento continuó en 2009, con 38.7 millones, y en 2014 subió a 55.8 millones. Para los comicios de 2019, el monto escaló a 87.8 millones, hasta llegar a 109 millones de dólares en 2024, lo que representa un aumento cercano al 647 % en tres décadas.
El subsidio
A esta cifra hay que agregar que, entre 1999 y 2024, el subsidio electoral en Panamá ha representado una carga significativa para las finanzas públicas. De acuerdo con cifras del Tribunal Electoral, en estos 25 años el Estado ha destinado al menos 226.9 millones de dólares para financiar a los partidos políticos que logran mantenerse vigentes después de cada elección.
Este monto incluye tanto el financiamiento preelectoral, destinado a apoyar las campañas antes de los comicios, como el poselectoral, que se distribuye posteriormente según los votos obtenidos y para el funcionamiento de los partidos.
El Código Electoral establece que el Estado debe destinar a cada elección general una suma equivalente al 1% de los ingresos corrientes del Gobierno Central, recursos que se utilizan exclusivamente para el financiamiento público de partidos políticos y candidatos.
El debate
Para Magaly Castillo, representante de la sociedad civil que participó en las primeras Comisiones de Reformas Electorales desde 1997, el debate sobre el financiamiento político surgió hace más de tres décadas como una respuesta a la influencia del dinero privado en la política.
No obstante, Castillo considera que el modelo actual se ha desviado de ese objetivo inicial. A su juicio, el financiamiento público ha crecido hasta convertirse en un esquema excesivo que no está generando mejoras visibles en el sistema político.
“Hemos pasado a un financiamiento público realmente exorbitante, que no nos está dando a cambio nada o muy poco”, señaló. Según explicó, uno de los compromisos implícitos de ese modelo era fortalecer la transparencia política y establecer límites más estrictos al financiamiento privado, algo que —según sostiene— no se ha materializado.
“A cambio del financiamiento público queríamos mayor control del financiamiento privado, límites a los gastos de campaña y un seguimiento real al origen de los fondos, pero eso no se ha dado”, afirmó.
Castillo también advirtió que la falta de controles efectivos mantiene abierto el riesgo de que recursos ilícitos ingresen a la política. “Los partidos siguen en crisis y el riesgo de que el dinero del narcotráfico se meta en la política continúa. Yo no he visto controles suficientes para evitarlo”, manifestó.
En su opinión, el financiamiento estatal debía traducirse en partidos más transparentes, mayor capacitación interna y reglas claras sobre el uso de los recursos.
“El financiamiento público tenía que devolverle a la ciudadanía más democracia, más control y mejores partidos. Si eso no ocurre, hay que preguntarse para qué está sirviendo todo ese dinero”, concluyó.
Críticas al modelo
El exfiscal Giovanni Olmos advirtió que el modelo actual debe revisarse con mayor rigor. Recordó que estos recursos surgieron en un contexto histórico particular, tras la invasión de 1989, cuando algunos partidos estaban en proceso de reorganización y se consideró necesario apoyar su funcionamiento.
Sin embargo, sostuvo que con el paso del tiempo el mecanismo se ha distorsionado.
“En su momento se entendía que debía existir algún financiamiento para los partidos políticos, pero hoy me parece un despropósito que estos beneficios se sigan aumentando”, afirmó, al señalar que el país enfrenta problemas urgentes en áreas como seguridad, agua potable, manejo de residuos y pobreza.
Olmos también cuestionó que el Estado destine recursos a organizaciones políticas mientras persisten denuncias de corrupción y deficiencias en los servicios públicos. A su juicio, el financiamiento debería reducirse significativamente y limitarse a un porcentaje mínimo estrictamente vinculado al proceso electoral.
La cronología
Por su parte, el expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Roberto Troncoso, explicó que esta discusión se remonta a los inicios del Foro Ciudadano por las Reformas Electorales, surgido tras una reorganización de distintos sectores de la sociedad civil, incluidos el empresarial, el académico y el laboral.
Troncoso señaló que una de las principales preocupaciones durante la aprobación de este modelo fue el papel de los partidos en la distribución de los fondos entre sus candidatos, lo que podía generar desigualdades internas si las dirigencias favorecían a determinadas figuras.
A su juicio, el financiamiento público ha contribuido a reducir la influencia del dinero privado en la política, una práctica que históricamente distorsionaba la democracia al generar compromisos entre donantes y candidatos. No obstante, reconoció que el crecimiento de estos recursos mantiene abierto el debate sobre si el porcentaje actual debe mantenerse.
En la recta final de las discusiones en la Comisión de Reformas Electorales esta semana, el representante del Partido Panameñista ante la comisión, José Isabel Blandón, planteó reducir el financiamiento público del 1% al 0.75% de los ingresos corrientes del Estado.
Finalmente, la propuesta fue rechazada por la mayoría de los partidos políticos (cuatro votos a favor y siete abstenciones). Solo recibió el respaldo del Partido Panameñista, Movimiento Otro Camino, los representantes de libre postulación y el delegado de los trabajadores en la comisión. Con esa decisión, el esquema de financiamiento público permanece sin cambios en el 1% de los ingresos corrientes del Estado.
