De “inviables” tildaron los representantes del Ejecutivo la mayoría de las propuestas relacionadas con transparencia y combate a la corrupción que presentó su contraparte (los grupos sociales) en el diálogo que se desarrolla en Penonomé.
Por ejemplo, descartaron la posibilidad de derogar la Ley 292 del 1 de abril de 2022, que permite la reelección de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), así como la eventual convocatoria de una constituyente originaria y la eliminación del subsidio electoral a los partidos políticos.
Sobre la reducción del 50% de los salarios, gastos de representación, viáticos y dietas que reciben altos funcionarios, el viceministro de la Presidencia, Carlos García, aseguró que un equipo del Gobierno está haciendo un estudio económico y financiero de todos los cargos que existen en el Estado, de acuerdo con los niveles jerárquicos y sus responsabilidades.
Esto, luego de que en medio del estallido social de julio pasado, el presidente Laurentino Cortizo se comprometiera a reducir el 10% de la planilla estatal, entre otras medidas, estrategias que representantes de la sociedad civil consideran “insuficientes”.
Ejecutivo le dice ‘no’ a los pedidos de los grupos
La derogación de la Ley 292 de 1 de abril de 2022, que permite la reelección de las autoridades de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi); la eliminación del subsidio electoral a los partidos políticos, y el llamado a una constituyente originaria. Estos fueron algunos de los temas puestos en la mesa del diálogo entre representantes de grupos sociales del país y del Ejecutivo, quienes por estos días discuten lo concerniente a la transparencia y el combate a la corrupción.
La mesa única de diálogo que se desarrolla en Penonomé, Coclé, está discutiendo el punto siete de la agenda. La Alianza Pueblo Unido por la Vida, la Alianza Nacional de los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo) y el Bastión del Oriente Chiricano –que conforman integrantes de la comarca Ngäbe Buglé y campesinos– presentaron una propuesta de 32 puntos sobre el tema, y el Gobierno empezó a responder el pasado miércoles en horas de la noche. Ayer jueves 18 de agosto, al cierre de esta edición, aún se debatía.
Cinco ejes
La propuesta planteada por los grupos que efectuaron cierres de calles y paros a nivel nacional durante casi todo el mes de julio gira en torno a cinco puntos: una asamblea constituyente originaria, la creación de la mesa única contra la corrupción, la conformación del consejo de auditoría social y seguimiento de los acuerdos pactados, exigencias de la mesa y la corrupción en el transporte.
Sin embargo, el equipo de Gobierno, que en esta etapa de la agenda es encabezado por el viceministro de la Presidencia, Carlos García, echó por tierra varios puntos de la propuesta, en algunos casos por considerarlos “inviables” o “alejados de los preceptos de la Constitución”.
Por ejemplo, dejó claro que no se puede llamar a una constituyente originaria, porque cualquier propuesta de modificación debe estar sujeta al procedimiento ya establecido en la Constitución. García leyó el artículo 314 que habla del proceso para establecer una nueva carta política a través de una constituyente paralela. “Vivimos en un Estado de derecho en el que nuestra Carta Magna es piedra angular, por ello cualquier propuesta de modificación debe estar sujeta al procedimiento ya establecido en la Constitución”, manifestó.
También se descartó la propuesta de crear la comisión de la verdad sobre la corrupción y el consejo de auditoría social, pues consideran que es “inviable”. García planteó que la Contraloría General de la República es el ente, según la Constitución, para fiscalizar y regular a través del control previo y posterior, los actos de manejos de fondos públicos. Además, señaló que cualquier delito de corrupción que implique una lesión patrimonial será investigado por el Ministerio Público.
“La creación de un organismo como el propuesto resulta a todas luces inviable en el marco de la Constitución, ya que lo que se crearía no sería otra cosa que un organismo integrado por particulares que tendría sobre sus hombros la responsabilidad de fiscalizar y someter a su arbitrio a los tres órganos del Estado y a cualquier servidor público que, de acuerdo a su criterio, utilice de manera indebida bienes públicos o permita que los mismos sean objeto de apropiación por parte de particulares”, precisó.
Tampoco contó con aval del Gobierno la propuesta de eliminar el subsidio a los partidos para destinarlos a la inversión social. El representante del Ejecutivo indicó que no se puede, ya que rol de dichos organismos “está plenamente” establecido en el artículo 138 de la Constitución y es el Tribunal Electoral el que, en su presupuesto, establece los montos.
Sobre la reducción de los salarios y gastos de representación, viáticos y dietas que reciben los altos funcionarios, el equipo de Gobierno dijo que se está haciendo un estudio económico y financiero de todos los cargos que existen en el Estado, de acuerdo con los distintos niveles jerárquicos y sus responsabilidades, teniendo en cuenta la norma constitucional de no reducción de salario. Dicho estudio será validado con el Ministerio de Economía y Finanzas.
Con relación a la derogación de la ley que permite la reelección de las autoridades de la Unachi, Cristóbal Tuñón, ministro encargado de Gobierno, explicó que se trata de una norma que fue producto de una iniciativa originada del Legislativo. “Reiteramos que el Órgano Ejecutivo respeta el espacio constitucional del Órgano Legislativo. Proponemos elevar esta discusión a la segunda fase del diálogo”, manifestó.
El diálogo continuó ayer jueves 18 de agosto. Las alianzas, por un lado, querían respuestas más concretas: preguntaban si había o no corrupción y nepotismo en el Gobierno. ¿Dónde está la lista de los que evaden impuestos?, preguntaron. El equipo de Gobierno intentaba responder los cuestionamientos. Publio De Gracia, director General de Ingresos, indicó a las alianzas que no se puede presentar una lista de quiénes evaden impuestos, pues eso va contra la ley, y anunció que han presentado ante el Ministerio Público las primeras tres denuncias que, de acogerse, podrían sancionar a los responsables con penas de entre 2 a 4 años de prisión.
Una vez la mesa finalice el punto de corrupción y transparencia de la agenda, se entrará en las llamadas mesas de seguimiento, que sería la segunda fase del diálogo, que sumará a otros actores a la mesa.
