Millones de dólares en primas de antigüedad y jubilaciones pendientes de pago, junto con elevados gastos de operación y funcionamiento, marcaron la discusión del presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
A estos compromisos se sumó otro debate: la incidencia de las pandillas y el crimen organizado, en un escenario en el que los diputados cuestionaron cuánto de los recursos solicitados se destinará realmente a prevenir que más jóvenes ingresen a estas estructuras criminales.
El Ministerio tendrá un presupuesto de $1,101.5 millones para 2027, pero la distribución refleja una marcada diferencia entre inversión y funcionamiento: apenas $92.6 millones —menos del 9% del total— están destinados a inversión, mientras $1,008.9 millones se concentran en funcionamiento.
Es decir, más de nueve de cada diez dólares del presupuesto estarán destinados a mantener la operación del ministerio, mientras una proporción mucho menor se dirigirá a nuevas inversiones.
Jubilaciones y primas de antigüedad
Actualmente, el Ministerio de Seguridad arrastra una deuda por primas de antigüedad que asciende a $65.3 millones y alcanza a 8,650 funcionarios, de acuerdo con el desglose presentado: 5,421 de la Policía Nacional, 1,119 del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), 891 del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), 673 del Servicio Nacional de Migración, 459 de la sede ministerial y 87 del SUME.
El Ministerio afirma que ya pagó $27.4 millones a 3,608 funcionarios. Para continuar reduciendo la deuda dispone de unos $10.7 millones contemplados en el presupuesto de 2027. Además, recibió un traslado adicional de $2 millones y calcula otros $2.1 millones en ahorros para destinarlos principalmente a la Policía Nacional, donde el rezago es mayor.
La otra presión está en las jubilaciones. Actualmente, 9,102 funcionarios forman parte de la planilla de jubilados: 7,828 de la Policía Nacional, 701 de Senafront y 573 del Senan. El costo anual informado asciende a $109 millones. Para este año está previsto que otros 978 funcionarios pasen a esa planilla.
Pandillas
Mientras la prevención queda diluida dentro del gasto de funcionamiento, el Ministerio de Seguridad presentó una larga lista de operaciones contra las estructuras criminales. Desde julio de 2024, las autoridades reportan 62 operaciones antipandillas. En 2025 realizaron 27 y, en lo que va de 2026, contabilizan 22, con la expectativa de superar la cifra del año anterior.
La institución sostiene que el número de pandillas identificadas pasó de 180 a 121. También afirma tener ubicados a 2,339 integrantes de estas organizaciones en todo el país. Según la explicación ofrecida por las autoridades, esas pandillas funcionan como estructuras locales vinculadas a ocho grandes corrientes criminales y prestan servicios de logística, sicariato y control territorial.
Panamá y Colón concentran buena parte de las operaciones. También se han ejecutado acciones en Chiriquí, Veraguas, Coclé y Panamá Oeste. El Ministerio asegura que tiene identificados a los integrantes de las pandillas, pero reconoce que debe completar las investigaciones junto con el Ministerio Público para llevarlos ante los tribunales.
Los resultados operativos también ocuparon buena parte de la presentación. El Servicio Nacional de Fronteras informó del decomiso de 204,828 kilogramos de cocaína y 3,904 armas, además de más de 96,300 aprehensiones y 25,259 allanamientos realizados en conjunto con el Ministerio Público.
Cuestionamientos
Pero en la propia Asamblea surgió el cuestionamiento que puso en perspectiva esos resultados. El diputado de la coalición Vamos, Luis Duke, sostuvo que los panameños siguen sintiéndose inseguros y cuestionó que los retenes policiales, por sí solos, puedan resolver el problema. También pidió conocer cuánto del presupuesto está destinado a prevenir el reclutamiento de jóvenes por parte de las pandillas.
La preocupación tiene como escenario principal algunos de los sectores con mayor presencia de estructuras criminales. San Miguelito fue mencionado reiteradamente durante la discusión, junto con corregimientos como Belisario Frías, Omar Torrijos, Arnulfo Arias y Belisario Porras. El reclamo planteado fue que la ciudadanía no mide la seguridad por el nombre de un plan, sino por lo que ocurre cuando sale a la calle.
El debate llegó incluso a los días de la semana. De los 402 homicidios citados durante la sesión, se señaló que los sábados y domingos registraban 76 casos cada uno. Los lunes sumaban 59, los jueves 64 y los viernes 61. El dato fue utilizado para cuestionar si la estrategia de seguridad está suficientemente focalizada en los momentos y lugares donde se concentra la violencia.
El ministro Frank Ábrego defendió el aumento de la presencia policial como una herramienta que puede reducir parcialmente la actividad delictiva. Citó una operación desarrollada en conjunto con la alcaldesa de San Miguelito y sostuvo que el incremento de agentes en las calles produjo una disminución de los delitos, aunque reconoció que no los elimina.
El problema, sin embargo, no se limita a las operaciones policiales. Las propias autoridades identificaron la deserción escolar y la vulnerabilidad de los hogares como elementos que pueden alimentar el reclutamiento. Un niño que abandona la escuela, según se explicó durante la presentación, queda expuesto a la búsqueda de un sentido de pertenencia que las pandillas pueden aprovechar.
